Flota en el ambiente un aroma a fin de ciclo. A agotamiento del proyecto para España de Pedro Sánchez, si es que alguna vez tuvo uno. El Gobierno se muestra incapaz de sacar adelante ninguna ley y la única que ha aprobado es la de amnistía, forzado por sus socios independentistas catalanes para tratar de borrar sus delitos, en el caso de quienes fueron condenados, y para tratar de volver a España en el caso de Carles Puigdemont. Ha pasado un año de las elecciones generales y la legislatura no arranca porque el Gobierno se ve incapaz de pactar nada con sus socios de investidura, a los que les preocupan más sus intereses que los de un Sánchez al que parece haberle abandonado la baraka que le permitió gobernar en España desde el año 2018, siempre a salto de mata para conformar una mayoría.
El jefe del Gobierno se ve acosado ahora por la investigación sobre su esposa, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Un caso que el Gobierno recibió ignorando las decisiones del juez, convencido de que se archivaría de inmediato, pero que se ha complicado y mucho para Sánchez, que ha acabado siendo citado como testigo por el juez Peinado. Las evidencias de que la cátedra y el máster de Gómez están plagados de irregularidades y los inicios contra ella se multiplican.
El mero hecho de que un juez le cite como testigo pone contra las cuerdas a Sánchez, que exigió la dimisión de Mariano Rajoy cuando fue citado como testigo en el caso Gürtel. «¿No cree que los españoles merecen un presidente del Gobierno limpio de sospecha?», preguntaba entonces Sánchez. «Solo le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Solo tiene un camino: dimitir. No arrastre a España en su caída, señor Rajoy, dimita», sostenía también entonces Sánchez.
El caso Begoña Gómez se suma al hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez, que trabaja para la Diputación de Badajoz sin asistir a su puesto de trabajo y que tomó la decisión de trasladar su residencia fiscal a Portugal para pagar menos impuestos. La única respuesta de Sánchez a estos casos ha sido anunciar un plan de regeneración democrática que no es otra cosa que el proyecto de asfixiar económicamente a los medios que el Gobierno considere desafectos por difundir bulos. Lo que no es un bulo es la citación del jefe del Gobierno para el 30 de julio. Una citación de la que saldrá tocado, al margen de cuál sea su estrategia. Existen también los precedentes de Felipe González, que fue llamado a declarar como testigo por el caso de los GAL un año después de abandonar la presidencia del Gobierno, y de José María Aznar, también ya como expresidente, en el caso de la caja B del PP.
La declaración como testigo de Mariano Rajoy estuvo en el origen de la caída del Gobierno del Partido Popular, después de que un juez pusiera en duda la veracidad de sus afirmaciones al introducir su nombre en la sentencia del caso Gürtel. Y, aunque en aquella ocasión no hubo ninguna iniciativa judicial contra Rajoy, Sánchez aprovechó la coyuntura para armar una mayoría parlamentaria que le permitió sacar adelante una moción de censura y asumir la presidencia del Gobierno. Las circunstancias se han puesto ahora en contra de Sánchez, que antes de marcharse de vacaciones tendrá que declarar ante el juez obligado a decir la verdad. Algo a lo que no está precisamente acostumbrado.