¿Y si el preacuerdo PSC-ERC quedara en papel mojado?
OPINIÓN
El preacuerdo entre ERC y PSC para garantizar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat se ha unido al acalorado debate político, por lo que su cumplimiento exigirá una mayor estabilidad de los gobiernos de la Generalitat y de España.
El preacuerdo contiene propuestas programáticas genéricas y compromisos a corto o medio plazo. En la concreta materia tributaria, el preacuerdo no cita el término «concierto» y reconoce que se requiere modificar la ley de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA) y la ley de cesión de tributos. Y ahí la debilidad parlamentaria del Gobierno dificultará la obtención de los votos necesarios para aprobarlas y sacar adelante el nuevo modelo de financiación autonómica. En otras palabras, la inestabilidad política podría hacer fracasar el acuerdo.
Por ello, el Gobierno de España tendrá que afanarse en una intensa negociación multilateral con las comunidades autónomas para renovar el modelo de financiación autonómica, diseñar con precisión las modificaciones legales sin tacha de inconstitucionalidad y recabar los apoyos parlamentarios necesarios. Tarea ardua con el tablero político actual.
A falta de conocer si las bases republicanas respaldarán el acuerdo, desde los técnicos de Hacienda (Gestha) alertamos de que su cumplimiento estaría en el límite de la inconstitucionalidad y reduciría la solidaridad entre territorios. Decimos que el modelo de financiación singular bordea la inconstitucionalidad porque tiene las notas características de un régimen foral fiscal, si bien admite implícitamente un límite constitucional al perseguir un «sustancial aumento» de la capacidad normativa de los impuestos coordinada con el Estado y la UE, dejando indemne la potestad tributaria originaria del Estado.
En cambio, a nuestro juicio, la propuesta más problemática es la aportación a la solidaridad con las demás comunidades, ya que se limita por el principio de ordinalidad, de forma que las contribuciones tributarias per cápita de las comunidades, ordenadas de mayor a menor, mantengan el mismo orden en la escala de los fondos per cápita que reciben.
Con los datos de cálculo de las balanzas fiscales del Instituto de Estudios Fiscales, el preacuerdo beneficiaría a Madrid, Baleares y Cataluña, en detrimento de Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia y Murcia. Y esto perjudicaría a las regiones con menor renta disponible media, es decir, a Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Galicia y Murcia, por ese orden.
Además, la propuesta de recaudar y gestionar el IRPF en el 2026 ahondaría esta problemática, pues el IRPF aporta el 95,4 % de la progresividad del sistema fiscal español, frente al 3,2 % que aporta el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y el 1,4 % de los Impuestos de Patrimonio y de Solidaridad de grandes fortunas. Y el sistema tributario se haría menos redistributivo. En este punto, en Gestha alertamos del riesgo de aumento de la evasión, no solo porque la información consignada en las declaraciones de renta sea crucial en la lucha contra el fraude, sino también porque el preacuerdo pretende traspasar los medios humanos, materiales y tecnológicos de la AEAT a la ATC (Agencia Tributaria de Cataluña). Y será prácticamente irrealizable que una mayoría de los 5.000 empleados de la AEAT en Cataluña se integre en la ATC, al carecer de lazos afectivos y familiares en esa región. Más fácil será que un número equivalente a la plantilla de las secciones de renta se traspase con el incentivo de una mayor retribución y adscripción a una categoría funcionarial superior.
En cualquier caso, la propuesta de avanzar hacia un modelo tributario federal se extendería a todas las comunidades autónomas de régimen común, gracias a una mayor recaudación y más capacidad normativa y de gestión de los tributos, y posiblemente también a la gobernanza de las inversiones públicas.
Se exigirá pedagogía, transparencia y debate para reunir a una parte de los dirigentes socialistas y de diputados de los grupos que apoyan al Gobierno que ya se han manifestado en contra, al igual que a las autonomías gobernadas por el PP. Cumplir el pacto no es imposible, pero la suma de su complejidad con la falta de mayorías políticas puede hacer que quede en papel mojado.