El Tribunal de Cuentas paraliza la aplicación de la ley amnistía al plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea preguntando si se puede borrar la malversación contra los que desvían no ya solo dinero público español, sino europeo.
Partiendo de la base de que uno de los principales objetivos del derecho de la Unión Europea es la prevención de la impunidad del fraude y la corrupción, resulta muy difícil conciliar la eficacia de este objetivo con la ley de amnistía, que podría dar lugar a la impunidad de las responsabilidades contables que habrían generado un riesgo o perjuicio potencial en los intereses financieros de la UE. No se trata de resolver dudas sobre si esta controvertida ley puede ser contraria al derecho constitucional español, sino al derecho comunitario. Ante esta situación, la Consejera de Cuentas, Helena Hernáez, suspende el procedimiento hasta que se pronuncie el Tribunal Europeo.
Es la última bala del Tribunal de Cuentas para intentar recuperar el dinero malversado por los independentistas en el referendo ilegal del 1 de octubre y que asciende a 5,3 millones de euros. El organismo fiscalizador solo busca recobrar el dinero desviado con sanciones económicas, pero que el Gobierno e independentistas quieren eliminar.
La aplicación de la controvertida ley, pactada ad hoc por y para los independentistas, quedará de esta forma en suspenso hasta que el tribunal europeo se pronuncie, situación que puede tardar un año y medio en producirse. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el último órgano al que recurrir, por lo que sus sentencias son inapelables.
Ante esta situación, es posible que la inaplicación de la ley de amnistía no venga por la vía constitucional, sino por la vía fiscal.