Lo que paso a relatarles no debe extrañarnos en exceso, ya que estamos en la España de El Buscón y El Lazarillo de Tormes. En el municipio pontevedrés de Redondela, una mujer denuncia a su marido por agresiones y a este no se le aplica el protocolo de violencia de género debido a que ahora es una mujer, porque se cambió el sexo legal en el DNI. Por dicho motivo no pudo ser detenida como autora de un delito de malos tratos, ya que oficialmente no está registrada como varón, sino como mujer. Considero que la ley trans del 2023 debería tener una regulación más exhaustiva para evitar casos como este, en el que las mayores perjudicadas son las mujeres que por fin han conseguido una ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. Si el colectivo de mujeres maltratadas puede estar medianamente tranquilo con esta ley, cuyo fin es protegerlas de sus verdugos, no permitamos que un presunto agresor, por el simple hecho de cambiarse el sexo en el DNI, se salga de rositas. Cada uno o una, que elija el sexo que desee. La ley se lo permite. Pero antes de nada está la seguridad de las mujeres maltratadas, por lo cual se tendría que reformarse toda normativa que permita que los derechos de estas víctimas se retrotraigan a tiempos en que determinadas situaciones contra su seguridad se pasaban por alto.