En el reciente discurso del rey Carlos III ante la Cámara de los Lores que inicia la legislatura del nuevo Gobierno laborista, uno de los compromisos asumidos —opacados por otros como la creación del Great British Railways, el Consejo de Naciones y Regiones y el refuerzo de la devolución de poderes o el fondo nacional de infraestructuras— es la de incluir en la agenda legislativa del Gobierno un cambio cultural en la relación de la administración pública con la ciudadanía.
Para restaurar la confianza en el sector público se plantea un cambio legislativo para obligar a los empleados a un «deber de respeto, apertura y honestidad» con el público, ya no más mero cliente pasivo. El duty of candour, inicialmente introducido en 2014 en el ámbito sanitario, se plantea como solución global de mejora de los estándares éticos, tras los escándalos de Hillsborough —los fallos de seguridad que provocaron 96 fallecidos y 766 heridos en una celebración futbolística en Sheffield— o el más reciente del software Horizon y el Servicio Postal Británico, que acabó en «uno de los mayores errores judiciales en la historia de nuestra nación», en palabras del por entonces primer ministro Rishi Sunak.
Se configura así un cambio cultural con tres objetivos. En primer lugar, la mejora de la transparencia, la rendición de cuentas y la «legibilidad» del sector público; no basta con publicar ingentes volúmenes de información, debe ser entendible por la ciudadanía. Y esto también aplica cuando se trata de analizar fallos en la provisión de servicios públicos, a través de figuras como la protección integral de los informantes. En segundo lugar, reducir la cultura «defensiva» en el sector público y de autoprotección frente al «enemigo exterior», y, finalmente, garantizar que los escándalos por falta de apertura y honestidad en la respuesta no se vuelvan a producir.
En el Reino Unido, esta norma se va a denominar Hillborough Law. Por estos lares, tan necesaria como en aquellos, se le podría denominar la «Ley de Luis Jaime». Empleado público ejemplar de la Diputación da Coruña, máxima autoridad en el campo de la contratación pública, representante de lo que venimos a denominar pracademia: empleados públicos que son capaces de combinar un desempeño profesional excelso, de creación de redes y soluciones permanentes más allá de sus confines institucionales, y académico ejemplar, a través de la docencia, publicaciones científicas de primer nivel y contribución a la vida cultural de la comunidad. Se jubila el empleado público, esperemos que tengamos academia por muchos años y su legado acabe consolidando la «Ley de Luis Jaime» en nuestro marco institucional.