Resulta raro escucharle a alguien que no le inspira confianza determinado magistrado o, incluso, este o aquel juzgado. Por otra parte, ya no es tan extraño reparar en que una parte nada desdeñable de la ciudadanía no está en absoluto satisfecha del funcionamiento de nuestro sistema judicial. Es más, me atrevería a asegurar que los que más descontentos están son los propios jueces, fiscales, letrados o funcionarios judiciales, que, a priori, podría parecer que son los responsables de que las cosas no funcionen como debieran. Nada más incierto que esto último. Si todavía funciona la justicia es gracias a ellos. Pongamos un ejemplo. Un juez por la mañana celebra juicios y por la tarde dicta las correspondientes sentencias dentro de unas jornadas maratonianas. ¿Y todo esto por qué? Debido a que su juzgado tiene capacidad para tramitar x procedimientos al año y por la falta de medios materiales y humanos se ve obligado a diligenciar cinco veces más.
La justicia española es lenta, pero de excelente calidad dada la cualificación de quienes la administran. Por eso tenemos que creer en ella. No así en aquellos que no quieren asumir que para que algo tan importante en un Estado de derecho funcione no hay que reparar en gastos para que ello sea posible.