De aquella religión neoliberal —Thatcher/Reagan—, donde el único valor social se correspondía con el valor de lo privado como fuerte antagonista de lo público, alcanzamos ahora el paroxismo con la reivindicación de la colaboración «público-privada», luego de la privatización de cuanta empresa pública existía en España.
Acudan para ello a los estudios de los profesores Germán Bel y Antón Costa, de las afamadas cátedras de Fabián Estapé y Ernest Lluch.
La crisis financiera del 2008-2011 influyó en el cambio de perspectiva. Asoma el nuevo paradigma de El Estado emprendedor de Mazzucatto para una compleja situación derivada de la deslocalización industrial hacia otros países. Y quienes abogaban por la bondad de lo privado reivindican hoy la colaboración «público-privada», que hasta en una administración tan escasamente innovadora como la gallega permite que broten con el Gobierno Rueda, no el de Feijoo, estas sociedades (Impulsa, Recursos de Galicia, RDG Comercializadora Galega de Enerxía) o una la ley de recursos naturales y un nuevo plan sectorial eólico. Quizá para bien.
Un paradigma, lo público-privado, asentado ya en la educación con la enseñanza concertada, y en algunos casos más llamativos en la sanidad. Modelos instalados desde hace años con resultados desiguales y cuestionables, pero protegidos por el Estado y lo público. Confirmando la tesis de que el Estado es la organización más audaz del mercado y además parte del problema: «Con sus políticas han permitido que el sector financiero pese más, que las tecnológicas sean más poderosas o que las farmacéuticas operen de forma más extractiva. Que permitan la evasión y la elusión fiscal es una elección», como sostiene Mazzucatto.
El sector público debe garantizar que los beneficios se distribuyan equitativamente, para que no aumente la desigualdad. Asistimos ahora mismo a la confrontación en las terapias para el cáncer de células CAR-T entre las académicas (cinco hospitales en España) y las industrias farmacéuticas que los sitúan como competencia desleal, temiéndose que los poderosos lobis del sector farmacéutico frenen las terapias académicas en Europa. O al caso reciente del conflicto eólico gallego, donde, mientras la patronal gallega, con retintín («debe realizarse sin perjuicio del marco jurídico del mercado eléctrico, de la libertad de empresa y de los principios y libertades del Mercado Único Europeo»), apoya a la Xunta, las patronales eólicas (europea, española o gallega) acusan al gobierno Rueda de intervencionismo. Sin embargo, tal y como señaló José Raposo, directivo de Finsa sobre el valor compartido con los territorios, o Ángel Simón —al frente de Criteria, de Fundación la Caixa—, sobre los criterios ESG (medio ambiente, impacto social, y gobernanza en transparencia), en la inversión pública-privada, también en la privada, se necesita incorporar estas perspectivas. Lejos todavía de ser asumidas con firmeza, o aún fuertemente contestadas. En el reivindicado público-privado y su negociación.