La vivienda se ha convertido en una de las cuestiones centrales de esta legislatura. Por ello, no es de extrañar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya aprovechado el Congreso Federal del PSOE para anunciar la creación de una «gran empresa pública de vivienda» destinada a construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado. Sin embargo, esta propuesta no solo ignora la distribución actual de competencias en materia de vivienda, mayoritariamente en manos de las comunidades autónomas y ayuntamientos (administraciones que, por cierto, ya cuentan con sus propias empresas públicas), sino que también pasa por alto los problemas a los que se ha enfrentado la gestión pública en este sector, incluyendo numerosos casos de corrupción.
Lo cierto es que este tipo de anuncios grandilocuentes no son nuevos. Hace un año, el presidente del Gobierno se comprometió a construir 200.000 viviendas públicas, pero todavía seguimos esperando a que se ponga la primera piedra. Aún más indignante es el hecho de que cien familias de La Palma siguen viviendo en contenedores después de tres años de la erupción volcánica.
El verdadero problema radica en la escasez de oferta de viviendas. Según el Banco de España, entre el 2022 y el 2025 se generará un déficit de 600.000 viviendas. La presión demográfica, especialmente en las grandes ciudades, empuja los precios al alza. Para abordar esta carencia es esencial agilizar los procesos administrativos relacionados con la construcción y rehabilitación de viviendas, proporcionar seguridad jurídica a los propietarios e implementar incentivos fiscales que fomenten el alquiler.
Es común que las autoridades utilicen chivos expiatorios para desviar la atención de su gestión deficiente en materia de vivienda. Por ejemplo, se ha culpado al alquiler turístico del aumento de los precios de la vivienda, a pesar de que estudios indican que su impacto es mínimo en comparación con otros factores estructurales. Además, su regulación tiene efectos negativos sobre uno de nuestros principales motores económicos, a saber, el turismo. Esta estrategia de gobernar a golpe de titular, sin abordar las causas profundas de los problemas, resulta ineficaz y engañosa.
En definitiva, la creación de una empresa pública de vivienda por parte del Gobierno central presenta varios desafíos debido a la distribución de competencias, antecedentes de mala gestión y la necesidad de soluciones más estructurales y de largo plazo. Para resolver la crisis habitacional no necesitamos otra empresa pública. En Galicia, por ejemplo, ya contamos con el Instituto Galego de Vivenda e Solo.
Necesitamos implementar políticas que aumenten la oferta de vivienda, mejoren los procesos administrativos y ofrezcan seguridad jurídica y fiscal a los actores involucrados, en lugar de recurrir a titulares pomposos que carecen de sustancia.