Castigar al rural resulta barato
Trazan una zona verde de aquella manera para los agraciados con la suerte, y a los escogidos los fuerzan a limpiar y desbrozar. Hasta aquí ningún problema, porque ya no cantan los pájaros aunque todas las mañanas trinan las desbrozadoras; lo embarazoso es que también obligan a talar todo el patrimonio forestal atesorado durante años. Cuando se plantó no había restricciones legales y ahora arruinan las parcelas —¿para que se quiere una propiedad sin árboles en el monte?—, bajo la amenaza de embargos de pensiones y predios. Con multas coercitivas de carácter retroactivo asustan a los campesinos, que suplican inútilmente en las puertas de los concellos y de la Xunta: cuando plantaron no incurrieron en ninguna ilegalidad.
Nada que oponer a la protección del medio ambiente y el control de incendios, pero las decisiones administrativas de este tipo requieren presupuestos y no cargar todo el esfuerzo económico sobre el medio rural, ya empobrecido de por sí. Están expropiando descaradamente, señora Administración, indemnice o dote su estrategia política de la correspondiente partida presupuestaria. Y mantengan y acondicionen los caminos, porque el cortador de turno no solo no paga la madera, sino que, bajo la disculpa de la inaccesibilidad y las dificultades de la orografía del terreno, a los lugareños encima les cuesta dinero cortar sus propios árboles para salvar la naturaleza de todos.
No es que el rural se vacíe, es que lo vacían, y si alguien queda será un verdadero milagro. El rural, la última reserva cultural y espiritual de Galicia, no tiene voz ni voto, ni fuerza política, por lo que les resulta barato castigarlo. Esto no se debería decir aquí, pero no es al primer vecino al que se le oye decir que va a prender «lume á leira». Si lo hiciese, que no se sienta culpable, el delincuente y pirómano intelectual es la Administración (todas las administraciones). Miguel ángel Quintela Prieto. Culleredo.