La política internacional atraviesa un momento tan crítico y tan confuso que unos éxitos tan señalados como los que han obtenido Edmundo González Urrutia, reconocido como presidente electo de Venezuela por las democracias más asentadas del mundo, y María Corina Machado, líder de la oposición a Maduro, pueden acabar mañana en un ejemplar ejercicio de defensa de la democracia o en un fiasco de enormes proporciones cuyas consecuencias, medidas en vidas y prácticas represivas, son imposibles de calcular. La razón de este desconcierto es que, mientras González Urrutia y María Corina Machado intentan cerrar el proceso electoral con una investidura respetuosa con la propia Constitución bolivariana y con las normas internacionales invocadas por los jefes de Estado y de gobierno que quieren poner fin a la peor dictadura de América del Sur, Nicolás Maduro se ha convertido en un presidente gamberro y cruel que trata de aferrarse al poder a cualquier precio.
En tales circunstancias, tengo la sensación de que los países visitados por Edmundo González en su peregrinaje hacia una sucesión democrática han hecho lo más difícil, que es declarar la ilegitimidad de Maduro y comprometerse a fondo con la investidura legal y democrática de González; pero han dejado lo más fácil al albur de una peligrosa improvisación, que, llegados al punto donde estamos, y conocida la brutalidad de la dictadura bolivariana, en ningún caso debería dejar abierta la posibilidad de que el movimiento democrático encabezado por Edmundo González pudiese fracasar en sus objetivos, y dar lugar a una dictadura de lento y largo derrumbe que el pueblo venezolano ya no puede soportar.
Se puede decir, sin lugar a dudas, que cualquier plan internacional destinado a evitar que Maduro se salga con la suya, y a forzar un relevo legal en la presidencia de la República Bolivariana, supondría un riesgo de conflicto que nadie está dispuesto a afrontar. Más aún, incluso tenemos experiencias repetidas de que, cada vez que la comunidad internacional cercó al dictador Maduro, sin poder deponerlo, aumentó gravemente la zozobra del pueblo venezolano y generó grandes costes en términos políticos, sociales y económicos que no se pueden resarcir. Por eso digo que la operación preparada por Edmundo González para el día 10 debería ser abortada si no hay garantías efectivas de una transición democrática. Porque la gran tragedia venezolana ya no admite más prolongaciones estratégicas, y exige una solución internacional que, por lo que se ve, podría pactarse.
Las noticias adelantadas sobre el aumento de la represión ya no dejan dudas sobre las intenciones de Maduro. Y sobre las dificultades que existen para generar un plan de rescate internacional de Venezuela, tenemos en España abundantes indicios de que, incluso en condiciones como las que se dan en ese país, sigue habiendo gobiernos de apariencia democrática que están dispuestos a jugar a tres barajas. Por eso me preocupa tanto haber iniciado una operación que no estamos seguros de ganar.