Un conocido a quien le tocó ser miembro de un jurado popular me pidió información sobre qué excusa podía poner para no tener que cumplir con su obligación cívica. Tras preguntarle acerca de cómo era su vida personal y profesional, de inmediato saqué la conclusión que sí no acudía al llamamiento tendría que asumir importantes consecuencias. Es un hombre sano, con formación más que mínima, no experto en derecho y, si durante las sesiones que durase la vista oral no acudía a su puesto de trabajo, el mundo no se hundiría. Transcurridos unos meses, nos encontramos y me contó su experiencia. Me extrañaron sus palabras. Ninguna duda albergaba yo acerca de lo pésima que le habría resultado, pero no fue así. Estaba encantado de la vida. Se hartó de decirme lo grato que había sido para él sentirse útil como ciudadano. Destacó que no fue divertido. Que a veces la responsabilidad le pudo. Su voto podía suponer que una persona con mujer, hijos y nietos pudiera pasarse una temporada en prisión. Siguió su razonamiento, que en algún momento rozó la perorata, intentando convencerme de las excelencias de este tipo de órganos judiciales. Al despedirnos no pude dejar de pensar que existen tareas que por supuestamente poco apetecibles no pueden dejar de prestarse si son en servicio de la comunidad. Son parte de los tributos que hay que pagar por vivir en democracia.