Este semestre previsiblemente la Xunta de Galicia tendrá que abordar la negociación de dos asuntos que son de máxima importancia tanto por su trascendencia económica como por las implicaciones que tienen sobre el modelo territorial. Nos referimos a las condonaciones de deuda pública y al nuevo modelo de financiación autonómica, dos cuestiones estrechamente relacionadas y que deberían plantearse conjuntamente.
El debate está muy condicionado por los acuerdos alcanzados en los pactos de investidura tanto para el Gobierno de España como para la Generalitat. En ellos se comprometió que la Administración General del Estado asumiese el 20 % de la deuda pública catalana (acuerdo extensible a otras comunidades) y, también, la aprobación de un modelo de financiación singular para Cataluña.
Por lo que se refiere a la deuda autonómica, la posición de Galicia es mejor que la media de las comunidades (15 % de ratio deuda pública /PIB frente al 21% del conjunto), por lo que nuestras urgencias en este asunto no son tan apremiantes como las de otros territorios. En cualquier caso, el nivel de endeudamiento autonómico es alto y solo cuatro comunidades (Madrid, País Vasco, Navarra y Canarias) están por debajo del 13 % previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada hace 13 años, lo que obligará a tomar decisiones.
En este escenario, desde nuestro punto de vista, puede ser razonable consensuar medidas dirigidas a reestructurar (no perdonar) en mayor grado la deuda de aquellas comunidades que objetivamente han estado peor financiadas. Esta opción es preferible a quitas incondicionadas o no justificadas por la desigualdad y el riesgo moral que supondrían. En todo caso, el impacto económico de este tema es más limitado del que se pudiese pensar ya que dado que la deuda siempre es refinanciada (por eso no ha parado de crecer), el ahorro de gasto sólo se genera vía menores intereses.
Mucho más relevante cuantitativamente es la reforma del sistema de financiación autonómica que aporta 3 de cada 4 euros del presupuesto gallego. El principal riesgo asociado a la negociación del nuevo modelo es encajar el acuerdo de financiación singular para Cataluña y gestionar sus efectos en el resto de las comunidades. El documento firmado por PSC y ERC admite distintas interpretaciones, pero son muchos los que consideran que, aunque con algunos matices, es un modelo equivalente al foral existente en el País Vasco y Navarra.
A la espera de su concreción definitiva, varios de los aspectos que se han comprometido no son favorables para Galicia. En concreto, es previsible que la nivelación entre comunidades sea menor en el nuevo modelo lo que nos perjudica, sobre todo si se aplica el principio de ordinalidad que implica que las comunidades que más aportan al sistema sean las que más reciben.
En definitiva, se presume un contexto complicado, agravado por la difícil aritmética parlamentaria para sacar adelante cualquier reforma, en el que Galicia vuelve a no estar en el centro del tablero. Insistir en defender los costes diferenciales que la prestación de servicios tiene en nuestro territorio y trabajar con habilidad la letra pequeña del modelo final y de sus cláusulas de cierre, lo que puede suponer muchos recursos en el medio plazo, se presentan como nuestras mejores bazas en una partida que no iniciamos con una buena mano.