Lo que puede llegar a tardar un juzgado en dictar una sentencia es lo primero que pregunta un cliente cuando acude al despacho de un abogado. Diría que la cuestión se presenta incluso antes de interesarse por lo que le va a suponer económicamente.
El profesional tiene que ser cauto a la hora de responder y recordar aquello de «ser dueño de su silencio y esclavo de sus palabras». Puede dar una fecha aproximada, pero siempre advirtiendo que en modo alguno va a depender de él. Al cliente, el tiempo de espera siempre le va a parecer mucho. No considera de recibo que para echar de un piso de su propiedad a un okupa, caso de poder hacerlo, se necesite un año de trámites judiciales. O para pedir la custodia compartida de sus hijos tenga que esperar, si se precisa la intervención del Imelga, varios años.
Pero que al lector le quede clara una cosa. Estas dilaciones indebidas (tiempo excesivo empleado en los procesos para dictar una resolución judicial) indudablemente son achacables a que los juzgados están colapsados. Eso nadie lo cuestiona.
Pero lo están por falta de medios humanos y materiales. Los jueces y funcionarios trabajan como el que más. Pero no se puede pretender que diez personas hagan el trabajo de treinta. Máxime en una materia tan delicada como la que ellos tratan.