El penoso espectáculo que todo el país pudo contemplar con la fallida reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera da idea de la falta de altura y de sentido de Estado en que ha caído la política española. Las dos fuerzas esenciales para la vida de la comunidad no solo son incapaces de tejer un mínimo consenso en esta o en otra materia, sino que ponen todas sus prioridades en la persecución de intereses partidistas. El resultado es que no se ha arreglado nada, pero sí se han incrementado las injusticias y las deudas de los españoles.
El error inicial viene del propio orden del día de la convocatoria. Un órgano que tiene como finalidad coordinar las haciendas estatal y autonómicas fue utilizado por el Gobierno para su propio interés, que no es otro que asegurar su frágil permanencia pagando concesiones a los independentistas catalanes.
Obligado por sus pactos —tanto de continuidad en la Moncloa como de apoyo a Salvador Illa— precisaba perdonar una parte sustancial de la deuda de Cataluña. Y como así a las claras no resultaba presentable, decidió recurrir a la política de café para todos y extender la condonación a las demás comunidades. A las que se endeudaron mucho más de lo permitido —como la catalana— y a las que no, como es el caso de Galicia, que ahorró entonces y no va a disponer ahora de más recursos. Es decir: como han hecho ver relevantes economistas, se premia a las que despilfarraron, se tiene un detalle con las que cumplieron y se pasa la factura —que no desaparece— a todos los contribuyentes españoles. Su vecino gastó de más, pero ya lo paga usted.
Por tanto, lo que se aprobó en presencia de los representantes del Gobierno y de solo tres comunidades autónomas (doce se ausentaron), no fue hacer justicia, ni fue mejorar la economía de las comunidades, sino un acto de política partidista. El resultado es que Sánchez se libra momentáneamente y que Junqueras y Puigdemont cobran la pieza, mientras preparan la siguiente amenaza a la estabilidad del Ejecutivo.
Entretanto, España continúa sin Presupuestos. Con ello, las necesarias transferencias del Estado a Galicia se retrasan sin fecha mientras los problemas se agravan. Basta observar las carencias en la financiación de la dependencia o el empeoramiento en la cobertura de otros servicios sociales para entender cómo repercute en la vida gallega una política de Estado cautiva, teledirigida por los independentistas catalanes y alejada de toda posibilidad de consenso. Alejada también de los legítimos intereses de Galicia, que en este caso se conculcan. Como se ha dicho desde estas páginas tantas veces, esta comunidad no quiere mejor trato que ninguna; pero tampoco peor.