Soy una de esas 15.000 personas que reside en Galicia pero que nació en Suiza, hija de una de las miles de familias que emigraron el siglo pasado. Suiza acogió, educó e incluso intentaba asegurar que los menores viviesen dignamente. Como parte de su política de control migratorio, se supervisaban las condiciones de las viviendas e indirectamente se evitaba que los menores creciesen en pisos patera. A cambio, las autoridades eran inflexibles si se cometía un delito, por pequeño que fuese.
Sabiendo que la emigración ha marcado tanto nuestra historia reciente, resulta sorprendente que España haya decidido que los migrantes menores de edad que están solos sean un bien con el que algunos grupos políticos pueden ponerse a mercadear: «30 para ti, 300 para el otro y me apoyas en el Congreso». A nuestros políticos se les olvida que son niños que prefirieron subirse a una patera o esconderse en los bajos de un camión antes que permanecer en su país. No hace falta más para imaginar las condiciones de vida de las que vienen.
Los menores son solo una parte del complejísimo desafío de la inmigración. Y este fenómeno no se va a frenar mientras en el primer mundo tiremos la comida y unos cientos de kilómetros más al sur no puedan ingerir alimentos ni una vez al día. Y mucho menos en un país como España, cuya situación geográfica lo convierte en punto de tránsito
Es cierto que no es bueno, ni para los que llegan ni para los que estamos aquí, que la cifra de inmigrantes sea más elevada de lo que nuestra economía y nuestro sistema social puede acoger. Malo para los inmigrantes, que no podrán encontrar un trabajo con el que salir adelante y tendrán que malvivir, y malo para la sociedad española en concreto, y europea en general, que verá cómo el discurso del odio se dispara ante la necesidad de atender a millones de personas sin trabajo y la imposibilidad de darles una oportunidad.
Pero, ¿cómo es posible que haya tantos empleos sin cubrir y tantos inmigrantes sin regularizar deseosos de hacer esa labor? ¿Cómo es posible que no se puedan acelerar los trámites, darles papeles y que puedan empezar a defender un puesto de trabajo? No se trata de hacer una regularización masiva, sino de encajar oferta y demanda. Y los beneficios serían muchos. Millones de personas cotizando. Miles de pequeñas empresas garantizando su futuro después de haber estado en riesgo de cierre por no encontrar trabajadores. Y un argumento menos para los que propagan el discurso del odio.
En el caso de los menores no acompañados, el problema es más concreto y más urgente. El reparto de estos niños, bochornoso por la forma en la que se ha decidido, solo será útil si las comunidades autónomas consiguen que estos jóvenes no pierdan años y años en centros de acogida, que les den acceso a formación para que puedan integrarse y buscar un futuro. Así ganaremos todos.