País de chiste. Ninguna comparecencia de Pedro Sánchez ayer para saber qué provocó el apagón. Ni una palabra. Hay quien defiende al presidente porque «si no sabe, nada puede decir». ¿De verdad no lo sabe a estas alturas de esta película tenebrosa? Concretemos. Se manejan tres causas que hayan provocado el apagón como las más probables: un ciberataque, fallo humano o un sistema eléctrico en ruina. Cualquiera de estas tres posibilidades, al parecer, es factible. Sobre la primera dicen los expertos que, de ser un ataque terrorista, tuvo que estar respaldado por medios de un Estado. Sobre la segunda, poco que comentar (no debe de tener mucho recorrido).
Vayamos al tercer riesgo expuesto: que el sistema haya fallado, haya hecho agua. Supongamos que no se haya invertido lo suficiente en los últimos años en subestaciones y líneas de alta tensión, por lo que en la actualidad están obsoletas para el enorme desarrollo que han tenido en los últimos años las energías eólica y fotovoltaica (los tejados de casas particulares con paneles solares han crecido como setas en el paisaje de toda España).
Expuestas las causas, digamos que esta última es la más plausible. Surgen entonces otras preguntas: ¿hay responsabilidades por la paralización de la actividad de un país? ¿Será este el motivo para que nadie sepa nada sobre las razones del parón eléctrico? Red Eléctrica negó hace unos días —concretamente el 9 de este mes— que existiera riesgo de apagón y aseguró que el suministro estaba garantizado. En las últimas horas la compañía también descartó que fuese un ciberataque. Entonces, ¿qué ocurrió? Algo vuelve a fallar, porque dos meses antes la empresa reconoció que existían riesgos de «desconexiones» por la penetración de las renovables. Todas las miradas se dirigen al transportista único y operador del sistema eléctrico, cuyo capital está en manos de la SEPI (brazo inversor del Estado) en un 20 %. También hacia el presidente Sánchez, que no descarta un sabotaje.
Es cierto, faltan explicaciones y sobran especulaciones. Si somos un país mayor de edad, toca escuchar la verdad y, si la ley lo prevé, encarar las oportunas indemnizaciones a familias y empresas.