Una vez más, lo que no podía pasar, pasó. Transcurridos tres años desde la contundente afirmación por parte de Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica Española, de que la existencia de diversos mecanismos de control garantizaban que el gran apagón no tendría lugar en España y 48 horas después de que lo imposible hubiera tenido lugar, nuestro país se recupera sumido en la estupefacción por lo sucedido el pasado lunes. Aunque se impone la prudencia, a la espera de que las investigaciones pertinentes aclaren las causas y responsabilidades de lo acontecido, por si acaso, desde las más altas instituciones del Estado se lanzan balones fuera y la señora Corredor se niega a dimitir.
Una vez más, en una situación de emergencia inusitada, la sociedad y las instituciones que velan por nuestra seguridad y nuestra salud hicieron frente a esta contingencia imposible. Desde los hospitales que siguieron funcionando gracias a los generadores —si bien, con la caída de los sistemas informáticos, apenas si pudieron llevar a cabo más allá de la asistencia de urgencias— hasta, como siempre, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la policía local, los bomberos y Protección Civil, que garantizaron nuestra seguridad y el orden público, pasando por los ciudadanos que aguantaron estoicamente quedarse incomunicados, sin medios de transporte público o directamente atrapados en trenes, e incluso ascensores, todos dimos lo mejor de nosotros mismos.
Una vez más, inevitable el desconcierto y cierto desasosiego por no saber qué estaba pasando en realidad y cuánto tiempo tardaría en recuperarse el suministro. Inevitable también la frustración por la suspensión de los servicios y la preocupación por la conservación de medicamentos y alimentos, por la dificultad de acceder al suministro de combustible y por la imposibilidad de trabajar o de hacer los exámenes.
Pero, sobre todo, una vez más, la obligación de aprender de que por escatimar en medidas de prevención se puede poner en peligro el funcionamiento de un país. Una vez más se ha evidenciado que la dependencia de los sistemas informáticos para la gestión de absolutamente todo, el afán por el control centralizado y la reducción de personal, la sobrecarga de una red de suministro no actualizada para afrontar los avances en la producción de energía, el no fomento de la autoproducción y las instalaciones de generadores de larga duración en la red de comunicación, la avaricia de todo el sector eléctrico y la connivencia de ciertos políticos no solo nos ha hecho hacer el ridículo más bochornoso internacional, sino que han puesto en jaque a toda la península ibérica. Veremos si alguien asume la responsabilidad, si alguien dimite y si por fin se reorganiza el sector eléctrico como estratégico, y no como la gallina de los huevos de oro.