Parece mentira que María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, sea médica. Desde luego, el pasado miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, no tuvo talante médico en su respuesta a una pregunta sobre la financiación de la «ley ELA». Ya no es que lo diga yo, que no soy nadie, lo dicen los propios afectados por esta terrible enfermedad: «No he podido evitar llorar de rabia, impotencia y frustración al escuchar la respuesta de María Jesús Montero», escribía en redes Jordi Sabater.
La ley, aprobada en octubre con un gran consenso político, entró en vigor el 1 de noviembre. Prometía garantizar cuidados dignos, crear unidades de referencia, impulsar la investigación científica, reforzar la asistencia domiciliaria, mejorar el acceso a cuidados paliativos, asegurar la atención 24 horas… Más de seis meses después, lo cierto es que no hay ni financiación ni aplicación. De esto se quejan los enfermos y sus familias, de esto iba la interpelación parlamentaria.
La demagogia y la bronca política en asuntos médicos es inmoral. Pero la falta de empatía y el tono chulesco y desafiante de toda una ministra es absolutamente inadmisible. Si fue capaz de encontrar rápidamente 2.000 millones de euros para hacerse con el control de Telefónica, Montero no debería tener ninguna dificultad para encontrar la financiación necesaria para hacer realidad esta ley, ¿no les parece?