La decisión del Gobierno de bloquear durante al menos tres años la fusión del BBVA con el Sabadell no responde a criterios técnicos, sino más bien a intereses partidistas. La maniobra, lejos de fortalecer el sistema financiero español, parece diseñada para mantener equilibrios políticos más propios del juego parlamentario que del mercado.
España ha reducido drásticamente el número de oficinas bancarias, desde las más de 45.600 del 2008 hasta las actuales 17.500, un ajuste lógico tras el pinchazo de la burbuja crediticia. La concentración bancaria, señalada por algunos como un riesgo, ha sido en realidad una necesidad de supervivencia: la rentabilidad actual de los activos bancarios apenas alcanza el 1,3 %, muy lejos del 2 % que registraba antes de la crisis. Además, el stock hipotecario se ha reducido a la mitad, de más de un billón de euros en el 2008 a los 500.000 millones actuales, con tipos de interés notablemente más bajos.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), junto con el Banco Central Europeo y el Banco de España, dieron luz verde condicionada a la operación, subrayando que cumplía las exigencias de solvencia y competencia. Sin embargo, el Gobierno ha impuesto unilateralmente condiciones que limitan drásticamente la capacidad operativa de ambos bancos, prohibiendo ajustes de plantilla y obligando a mantener una autonomía artificial en la gestión durante tres años, prorrogables a cinco. Una decisión inédita, arbitraria y claramente destinada a satisfacer agendas políticas específicas.
Este intervencionismo no es trivial. Las acciones de ambos bancos reflejan hoy posiciones muy dispares —2,7 euros para el Sabadell frente a los casi 13 euros del BBVA—, lo que sugiere una complementariedad más que una amenaza monopolística. Además, la Unión Europea ha advertido repetidamente sobre la necesidad de evitar acciones políticas discrecionales que distorsionen el mercado financiero europeo, especialmente cuando se trata de consolidar una banca competitiva frente a gigantes de EE.UU. y China.
El trasfondo político de esta medida resulta evidente. La operación quedó atrapada en medio de una pugna de intereses entre Madrid y Cataluña, politizada desde su anuncio inicial en plena campaña electoral catalana. Ahora parece que se ha convertido en un rehén político, utilizado para congraciarse con socios nacionalistas, a expensas del criterio técnico y económico.
En resumen, esta decisión del Gobierno no solo vulnera la lógica económica más elemental, sino que también establece un peligroso precedente: permitir que criterios partidistas dicten decisiones estratégicas en sectores tan críticos como el financiero. Esto no solo perjudica a los bancos afectados, sino también a la credibilidad del sistema regulatorio español.
Como en Juego de Tronos, esta intervención recuerda que, en ocasiones, el poder político convierte mercados en escenarios de disputas por el trono, olvidando que los dragones y las intrigas palaciegas no tienen lugar en una economía moderna y competitiva.