El creciente uso que hacen los ministros y ministras del delito de malversación, para defender a sus jefes y amigos, está llevando a la identificación de este sutilísimo tipo penal con los pedestres casos de apropiación indebida, cohecho o, simplemente, meter la mano en la caja. Porque la base de defensa utilizada por Bolaños y López para absolver a sus jefes antes de que los procesen consiste, casi siempre, en que «no han aumentado su patrimonio ni han obtenido beneficios por los actos que se les reprochan».
Es cierto que las últimas revisiones del Código Penal potenciaron la obtención de beneficio propio como base para la imputación por malversación, cuestión redundante e innecesaria porque todos los casos en los que se produce beneficio privado son abordables desde otras tipificaciones penales. Pero el verdadero y específico intríngulis de la malversación, no abordable desde otras tipificaciones, aún sobrevive en el Artículo 433 del Código Penal, donde se establece que «la autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinado, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años…».
Por ejemplo, si un alcalde presupuestó veinte mil euros para los fuegos artificiales del San Rosendo, y los emplea en un parque infantil, sin llevarse ni un solo céntimo, y con el aplauso del pueblo, ha malversado ese dinero y ha cometido un delito. Y si un Puigdemont cualquiera presupuesta tres millones de euros para digitalizar la Administración autonómica, y se los gasta en referendos, urnas y esteladas, sin llevarse un céntimo a su bolsillo, ha malversado el dinero público y debe ir a la cárcel. Y esa es la razón de ser del delito de malversación, que ahora se comete a diario y anunciándolo en ruedas de prensa muy celebradas.
Esta moda, creo yo, la inició un conselleiro de Economía de Fraga, que anunció el empleo de una partida presupuestaria para resolver un problema distinto al que le había dado origen, sin hacer las preceptivas modificaciones presupuestarias, y prometiendo reintegrar el dinero a la partida sisada tan pronto como fuese posible. Y eso es lo que hace Sánchez con los 10.000 millones de euros de Defensa, sin presupuestarlos ni modificar los presupuestos del 2023, que ya no dan para más, y rebañando distintas partidas no ejecutadas al margen de los objetivos previstos.
Pero las sutilezas ya no están de moda, porque los tribunales no entienden su importancia, las oposiciones están preñadas de infracciones asimilables, y porque la advertencia de no haberse llevado ni un céntimo se ha convertido en un bálsamo de fierabrás que cauteriza al instante cualquier navajazo que se le haya dado al presupuesto. Por eso es tan fácil gobernar aquí sin presupuesto. Porque en los Estados Unidos, cuando se agota la partida de gastos de personal, si el Congreso no asume un cambio, mandan a los funcionarios a casa sin darles el aguinaldo.