Entre los problemas que sufre la sociedad española y que tienen la particularidad de empeorar cada día que pasa, hay uno que lastra directamente a las familias y se ha convertido en su mayor preocupación: el acceso a la vivienda. Todas las políticas desarrolladas en esta materia en los últimos años han sido un fracaso y demuestran que se precisa un drástico replanteamiento. La oferta ha colapsado, la seguridad jurídica se ha perdido y el coste hace muy dificultoso o inviable el derecho reconocido en la Constitución.
De todas las causas que han hecho llegar a este fracaso, la primera es la ley de mayo del 2023. Promulgada con el título de «ley de derecho a la vivienda», ha venido a desposeer a los ciudadanos de él. Según su texto, pretendía contener los precios, facilitar el acceso, equilibrar oferta y demanda y proteger a arrendadores e inquilinos. No solo es que nada de esto haya sucedido, sino que el efecto producido es el contrario.
Los precios de compra crecen muy por encima de la inflación (un 47,7 % entre el 2015 y el 2023, según Eurostat), los alquileres subieron en dos años en Galicia más del 11 %, y la oferta de arrendamiento se redujo en más de la mitad. La ley inventó las zonas tensionadas con la idea de moderar las subidas, pero allí donde se han implantado apenas se han contenido los precios y sí ha disminuido la oferta de alquiler.
Además, la norma, de pretensiones tan garantistas, ha venido a generar la desconfianza de los propietarios, por su desprotección en los casos de impago. Es la inseguridad jurídica ante los llamados inquiokupas, que no pueden ser juzgados por allanamiento o usurpación, puesto que tienen contrato de arrendamiento, y pueden alargar casi indefinidamente el incumplimiento de sus obligaciones.
Algo semejante sucede con los que se hacen por la fuerza con una propiedad. El propio defensor del pueblo ha escrito en su informe que la mayoría de los okupas no sufren necesidades extremas, sino que incurren en abuso, pero resulta difícil, largo y costoso conseguir que abandonen lo que han usurpado. Hace solo dos meses se aprobó la puesta en marcha de juicios rápidos para estos casos, pero la Fiscalía, la Abogacía y los administradores de fincas ya han advertido de su inviabilidad, por la propia saturación de los juzgados.
Por todo ello, para hacer frente a este problema que crece cada día, se hace necesario:
1) Revertir la legislación sobre la vivienda, derogar la ley y elaborar otra que garantice los derechos y las obligaciones de todas las partes: propietarios, inquilinos y los agentes que intervienen en el sector inmobiliario.
2) Responsabilizar al Estado a través de nuestros impuestos, y no a los particulares, de la política de atención a las personas vulnerables.
3) Dar como causa de extinción del contrato el impago de la renta y castigar las okupaciones con penas de cárcel, como ha hecho Francia.
Y 4) Acelerar los planes para habilitar casas y pisos de protección oficial, de modo que se haga realidad lo que promulga la propia Unión Europea: que sea suficiente dedicar el 30 % de los ingresos familiares a los gastos de vivienda. Hoy, para gran parte de la población es un horizonte imposible.