En estos días la posible creación de un «cupo catalán», similar al que ya disfrutan País Vasco y Navarra, ha generado un intenso debate político y económico. Esta modalidad de financiación implicaría que Cataluña gestionaría directamente sus impuestos, contribuyendo posteriormente al Estado en función de ciertos criterios establecidos. Pero ¿cuál sería el coste real de esta nueva forma de financiación? Para entenderlo con claridad, hagamos números con rigor y sin rodeos.
En el 2024, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) recaudó en Cataluña 57.194 millones de euros. De esa cantidad, la Generalitat recibió inicialmente 25.645 millones mediante entregas a cuenta. Restando ambas cifras, quedan 31.549 millones. Pero pensar que esta cifra íntegra corresponde automáticamente a Cataluña sería simplificar demasiado. El Estado sostiene ciertos gastos comunes como justicia, defensa o cultura.
¿Cuánto cuestan estos servicios comunes? Según Fedea, alrededor de 50.787 millones de euros. Cataluña, como parte del Estado español, debería contribuir proporcionalmente. Tomando el peso poblacional (16,5%) o el del PIB (18,8%), la aportación catalana estaría entre 8.402 y 9.553 millones.
Sin embargo, Cataluña ya cubre ciertas competencias singulares, como la policía autonómica o políticas lingüísticas, valoradas en 3.900 millones. Restando este gasto, la contribución real catalana quedaría entre 4.500 y 5.600 millones, coincidiendo con un hipotético cupo vasco ajustado a Cataluña (5.000 millones aproximadamente).
Además, Cataluña debería asumir otros gastos significativos: intereses de deuda (5.500 millones), Seguridad Social (9.200 millones), presupuesto europeo (2.900 millones) y otras transferencias menores (800 millones).
Hechas todas estas cuentas, Cataluña obtendría una financiación adicional neta de unos 8.600 millones. Pero falta la denominada «cuota de solidaridad» —aún sin concretar—, que podría absorber aproximadamente la mitad de esta cifra.
En resumen: el cupo catalán supondría unos 9.000 millones de euros al Estado, aumentando la financiación catalana en aproximadamente 4.300 millones, es decir, unos 530 euros más por catalán. Esta cifra convertiría a Cataluña en la región del régimen común mejor financiada, justo después de País Vasco y Navarra, comunidades que disfrutan de un régimen fiscal privilegiado al no asumir la solidaridad estatal ni contribuir al déficit de la Seguridad Social.
Queda claro, pues, que la factura del cupo catalán no es baladí: números importantes, responsabilidades fiscales complejas y, sobre todo, un reparto que influirá en el bolsillo de todos los españoles. Pero más allá de las cifras, el peligro reside en consolidar un modelo asimétrico y territorializado que podría incrementar las desigualdades, afectar negativamente la solidaridad interregional y generar una mayor fragmentación del sistema tributario español.