La Justicia española no vive sus mejores momentos. Los usuarios de la misma muestran su disconformidad con ella, no en cuanto a la calidad de sus resoluciones, sino en lo que se refiere al retraso con que estas son dictadas. En determinadas materias están señalando los juicios de demandas presentadas a primeros del 2025 para el 2027. Por no hablar de que un examen psicosocial, del cual va a depender que un padre vea o no a su hijo, está tardando mínimo un año en ser elaborado. Curiosamente los MASC (Métodos Adecuados de Solución de Controversias), preceptivos desde el 3 de abril del 2025, contrariamente a lo que se pretendía, en mi opinión están provocando en vez de agilidad, más demora. ¿Quiénes son los responsables de semejante caos? Lo fácil sería echarle la culpa a los juzgados y al Imelga, órgano encargado de realizar las pruebas psicosociales. Pero no es así en absoluto. Tanto unos como otros están colapsados por falta de medios materiales y humanos. No pretendamos que un magistrado dicte al día más sentencias de las debidas o que el Imelga haga más informes a costa de no reparar en la casuística de cada familia, pues ello iría en detrimento de la calidad de su trabajo. Hay que crear más juzgados y más equipos psicosociales.