La propaganda refiere récords de afiliación a la Seguridad Social, cifras históricas de empleo estable y de calidad. La realidad es que los autónomos y las pymes están siendo exterminados por una clase política, en general, y un Gobierno, en particular, que los desprecia, aunque digan lo contrario.
España trabaja, pero no despega; poco más de 20 millones de trabajadores sostienen el país, con una productividad estancada y un absentismo laboral que nos cuesta a todos 27.000 millones de euros al año, a los que se pretenden añadir otros 19.000 millones de coste adicional si se implanta la reducción de jornada a 37,5 horas semanales.
Si hablamos de autónomos, en Galicia continuamos en mínimos históricos de afiliación al RETA, apenas superamos los 205.000 afiliados, con una edad media elevada y sin relevo, una enorme rotación y estacionalidad y una mortandad de nuevos negocios que supera el 50 % tras el primer año y muy por encima de 60 % a partir del segundo año, según datos del IGE.
En el primer trimestre del 2025, un total de 15.384 empresas han iniciado un procedimiento concursal, un 87,6 % más que en el mismo período del 2024 y un demoledor 849 % más que en el primer trimestre del año 2018, en el que 1.621 compañías se declararon en concurso. El tejido productivo del país se desangra en silencio. La desaparición de empresas y autónomos es una ruina.
La gestión administrativa es un obstáculo permanente y creciente. La carga fiscal y burocrática lastra nuestro día a día; la morosidad (sobre todo del sector público) es endémica. Las nuevas cuotas del RETA golpean especialmente a los autónomos con ingresos bajos o irregulares, según datos del INE. Sumemos a todo ello la ausencia de un IVA franquiciado que obliga a todos los autónomos a adelantar el IVA de facturas no cobradas, agravando los problemas de liquidez; las bajas por enfermedad no están remuneradas de forma inmediata y suficiente, y las prestaciones por cese de actividad son prácticamente inaccesibles. El descanso es un lujo que pocos autónomos pueden permitirse y la jubilación es otro infierno.
Suben los impuestos y las cuotas sociales, pero los servicios públicos son un maldito desastre.
En cambio, el gasto público está desbocado, la Seguridad Social quebrada, la inseguridad jurídica espanta la inversión, el profuso marco regulatorio fuertemente ideologizado y el mercado laboral rígidamente intervenido.
Por primera vez en España hay más funcionarios que autónomos; trabajamos la mitad del año para el Estado, que nos exprime sin piedad a través de la Agencia Tributaria, depredador insaciable de autónomos y empresas y, por lo que se ha constatado, piadoso benefactor de los amigos del ministro de turno.
Los autónomos son torturados por intentar generar riqueza. Emprender una actividad en España es, no ya difícil y complicado, sino un acto de heroicidad frente a un sistema que desprecia a quién lo mantiene con vida.
España necesita un cambio profundo; una rebaja fiscal inmediata, una reducción drástica del gasto político superfluo, mayor seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y respeto a la libertad, a la propiedad privada y a la herencia de nuestros mayores. Además de una modernización, digitalización, reorganización del trabajo y una mejor redistribución del esfuerzo. Sobre todo.