Fin del software en B: una ocasión para modernizar el tejido empresarial
OPINIÓN
Acaba de entrar en vigor una de las medidas más decisivas para avanzar hacia un ecosistema empresarial más moderno, digital y transparente. La nueva norma aprobada por la Agencia Tributaria obliga a todos los desarrolladores de software de facturación —unas 30.000 empresas en España, según el INE— a adaptar sus programas al reglamento técnico conocido como VeriFactu, que regulará el uso de sistemas homologados para emitir facturas de forma segura, trazable y sin posibilidad de manipulación. Afectará a más de seis millones de autónomos y pequeñas y medianas empresas, que deberán dejar atrás prácticas obsoletas y digitalizar su gestión de forma progresiva hasta el 2026.
Uno de los principales objetivos es cerrar la puerta al software de doble uso, diseñado para mantener contabilidades paralelas, ocultar ingresos o modificar facturas sin dejar rastro.
Una medida que permitirá reducir la pérdida de millones hasta ahora eludidos en impuestos y que espolea la competitividad y la equidad entre empresas, ambas lastradas con el fraude. Desde ahora, el reglamento sanciona su uso con multas que pueden llegar hasta los 50.000 euros para empresas y autónomos.
Pero el impacto de esta norma va más allá del control fiscal. VeriFactu sienta las bases para una transformación estructural del tejido productivo español. Obliga a adoptar sistemas más seguros y profesionales, mejora el control interno, evita errores y duplicidades, y permite gestionar los negocios con mayor eficiencia, datos y trazabilidad. No se trata solo de cumplir con Hacienda, sino de adaptarse al futuro impulsando la eficiencia y la productividad.
Sin embargo, los datos muestran que aún queda mucho camino por recorrer. Según un informe elaborado por TeamSystem junto a Materia Prima, más del 60 % de los autónomos sigue facturando a mano, con Word, boli o Excel. Además, casi la mitad de los negocios esperará a ver cómo se adaptan otros antes de actuar, y un 38 % lo dejará para el último momento. La brecha digital sigue siendo un freno: el 50 % de las pymes no tiene previsto contratar un software de facturación y, entre quienes ya lo utilizan, un 28 % ni siquiera conoce la marca del programa que usa. Esta falta de preparación genera un coste oculto de más de 3.600 millones de euros anuales.
Un caso que pretende abordar la normativa denominada VeriFactu es el de la reciente Operación Amperio llevada a cabo el pasado mes de julio por la Agencia Tributaria, que ha identificado software ilegal de ocultación de ingresos en más de 75 instalaciones eléctricas de 15 comunidades autónomas, en un nuevo esfuerzo por erradicar las herramientas tecnológicas que permiten el fraude.
VeriFactu marca el comienzo de una nueva etapa. Una que exige cumplimiento, sí, pero sobre todo visión: la de convertir esta obligación en una palanca de incremento de la productividad de asesores y despachos profesionales, mayor transparencia y seguridad en la facturación electrónica de las pymes y autónomos.