Política forestal y prevención de incendios en Galicia
OPINIÓN
Hace unos días, el ministro Puente nos sonrojó con una de sus intervenciones azuzando la polarización política, esta vez en torno a los gravísimos incendios en varias comunidades autónomas. Entró al trapo el PP con una salva de reacciones no todas útiles, cuando de lo que se trata es de poner freno y remedio a la catástrofe del fuego y su corolario de pérdidas humanas y materiales. Luego vino el presidente Sánchez con lo del pacto de Estado por el cambio climático, que en un Ourense asolado por el fuego sonó a ocurrencia fuera de lugar. Alfonso Rueda guardó un sobrio silencio ante el anuncio del presidente del Gobierno y algo dijo después sobre medidas concretas de ayudas a los damnificados por los incendios, pero no le respalda la trayectoria de la Xunta en este ámbito.
Tanto el Estado como las comunidades disponen de políticas forestales que definen marcos normativos e instrumentos para prevenir y extinguir incendios, al menos sobre el papel, en buenas condiciones. Pero, como hemos visto estos días, en la práctica hay fallos flagrantes y de ellos son responsables tanto el Gobierno central como el autonómico.
Ha habido una dejación de funciones por parte del Ejecutivo central. Los mecanismos de supervisión y coordinación (incluyendo la verificación de planes de acción y adecuación de medios autonómicos) que existen y son responsabilidad del Estado no han funcionado en absoluto. Las tareas de vigilancia que son competencia del Estado han sido y son insuficientes a todas luces. La monitorización del territorio a nivel estatal (posible con medios tecnológicos avanzados, satelitales entre otros) tampoco parece tener habilitado un engranaje con el nivel autonómico para anticipar y actuar ante riesgos de incendio en función de las condiciones observadas.
A nivel autonómico, la política forestal sigue siendo, en la práctica, una asignatura pendiente de la Xunta. Los sucesivos gobiernos del PP poco han hecho por adecuar los recursos humanos a las necesidades de una prevención de incendios activa y de una extinción cada vez más difícil, fluctuando dichos recursos entre drásticas reducciones de plantilla en ciertas épocas y la imposibilidad de cubrir numerosas vacantes en otras. Tampoco han hecho gran cosa para adecuar la política forestal a la realidad del terreno, en particular la estructura de la propiedad, predominantemente privada. Han puesto el acento en la producción forestal y el monocultivo, a costa de la diversidad y en detrimento de un modelo de utilización del suelo menos favorable a la propagación de incendios.
Tanto a nivel central como autonómico, el énfasis ha estado siempre en la extinción, en detrimento de la prevención.
En Galicia, uno de los factores que han contribuido a agravar los incendios es el progresivo abandono de las actividades agrícolas tradicionales. Prados y parcelas de cultivo que antaño contribuían a cortar la progresión del fuego han sido ocupadas por una masa forestal continua y sotobosque denso, que la favorecen y la hacen extremadamente difícil de controlar. Este fenómeno se produce en un contexto en el que 95 % de la superficie arbolada de Galicia es propiedad privada (alrededor de 70 % propiedad individual y 25 % propiedad comunal), y está distribuida en propiedades de pequeño tamaño (la superficie media de la propiedad individual es de una hectárea).
Desafortunadamente, la ausencia de medidas para paliar los efectos del abandono del campo y el énfasis en la producción forestal van de la mano de una política prácticamente inoperante en lo que se refiere a los propietarios privados de cara a la prevención de incendios. La montaña burocrática que pesa en todos los ámbitos y niveles de la administración española (sin que Galicia sea una excepción) va pareja con la ausencia (o ineficacia) de un asesoramiento activo y de apoyo logístico y material efectivo a la acción privada. No existen fórmulas que faciliten la intervención pública allá donde sea más eficiente que la privada, o donde esta sea en la práctica imposible. La coordinación con las comunidades de montes, a las cuales el marco normativo les concede, en teoría, un papel importante, es ampliamente mejorable.
Dicho de otra forma, es necesario que el Gobierno central asuma y ejerza sus responsabilidades de coordinación, supervisión y apoyo. Como es necesario que la Xunta se dote de recursos humanos adecuados y estables (con medios materiales suficientes), que refuerce la prevención, fomente un uso diversificado del suelo y adapte su política a la estructura de la propiedad forestal en Galicia.
El cambio climático exige ser tratado a largo plazo y en sus múltiples facetas, pero sus efectos —como los recurrentes y prolongados períodos de sequía y temperaturas extremas— y su impacto en materia de incendios forestales son una realidad ya presente. Prevenir el creciente riesgo de incendios cada vez más difíciles de controlar requiere soluciones concretas e inmediatas.