El artículo 1 de la Constitución establece que España se constituye como un Estado social y democrático de Derecho: un sistema en el que todas las personas, instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, están sometidas y rinden cuentas ante leyes que son públicamente promulgadas, aplicadas por igual y de manera independiente; lo que implica que el poder del Gobierno está limitado por la ley, y que nadie, ni siquiera el Ejecutivo, está por encima de ella. Viene a cuento por el procesamiento por parte del Tribunal Supremo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por filtrar datos confidenciales del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ello quita la razón a aquellos que dicen que en nuestro país hay personas que están por encima de la ley, debido a que algunos miembros del poder judicial miran para otro lado. García Ortiz es el primer fiscal general en sentarse en el banquillo de los acusados en España, pero con total seguridad debido a que los anteriores nada hicieron para estarlo. Dura lex sed lex (la ley es dura, pero es la ley).