En las últimas semanas ha cristalizado un debate en Alemania y Francia: la sostenibilidad del Estado del bienestar. Las declaraciones recientes de dirigentes como François Bayrou y Friedrich Merz reconocen la tensión entre promesas sociales y realidad económica. Aviso para navegantes: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, España haría bien en poner las suyas a remojar.
El canciller alemán ha sido taxativo: tal como está concebido, el modelo social germano difícilmente puede financiarse con lo que produce la economía. En un país con costes sociales al alza tras la pandemia y con la obligación de elevar de forma drástica el gasto en defensa, el diagnóstico resulta claro: envejecimiento y estructura de costes de la seguridad social empujan al sistema a un punto de inflexión.
En Francia, el primer ministro ha sometido su Gobierno a una moción de confianza para sacar adelante un plan de ajuste. El objetivo pasa por recortar decenas de miles de millones en gasto público, medida que choca con un Estado tradicionalmente generoso. El debate francés, en suma, pivota sobre la consolidación fiscal en un entorno de deuda superior al 110 % del PIB.
Desde España, el panorama inquieta por la similitud de los desafíos. La tasa de dependencia —población mayor de 65 años sobre población en edad de trabajar— pasará del 31,3 % actual a más del 50 % a mediados de siglo. Esa presión demográfica tensará, casi hasta lo insostenible, el sistema de pensiones. El reto no es solo financiero, también institucional.
Las proyecciones son elocuentes: el gasto en pensiones podría alcanzar el 17,1 % del PIB en el 2050, más de cuatro puntos por encima del nivel actual. Sostenerlo exigirá, inevitablemente, más presión fiscal, recortes relevantes en otras partidas o prestaciones menos generosas. Pretender que todo se cubra con más ingresos, sin reformas que eleven empleo y productividad, sería apostar por una cuadratura del círculo.
A diferencia de los socios europeos, el problema local es la ausencia del debate en la primera línea política. Mientras Berlín y París verbalizan la necesidad de reformas, en España la discusión se limita a ajustes de corto plazo, eludiendo la redefinición del contrato social.
La disyuntiva que afrontan Alemania y Francia no es ideológica, sino aritmética. El Estado del bienestar, uno de los grandes logros de la posguerra europea, fue diseñado para otra demografía y otro crecimiento. La pregunta no es si necesitan reformas, sino cómo y cuándo acometerlas.
La quietud española no equivale a inmunidad. Es un silencio que aplaza decisiones inevitables. Ignorar las señales que llegan del corazón de Europa sería un error. La sostenibilidad del propio Estado social dependerá de asumir, con rigor técnico y valentía política, una conversación que los vecinos ya han puesto, con crudeza, sobre la mesa. Cuanto antes se aborde, menor será el coste político y económico de la transición.