La reforma pendiente de la financiación autonómica
OPINIÓN
La condonación de deuda a las comunidades autónomas es un paso positivo e inevitable. Más allá de la confrontación política que genera, su impacto económico es beneficioso para todas las autonomías, aliviando la carga financiera y mejorando su tesorería. Los datos son claros: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid concentrarán el 67 % de la quita. La cancelación alcanza hasta el 51 % de la deuda en Canarias y el 46,4 % en Andalucía, afectando tanto a la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico, FLA, como a la contraída con terceros, incluyendo a comunidades como Madrid, al margen del FLA, o Galicia, que no ha dependido exclusivamente del fondo estatal.
Galicia, de hecho, es la cuarta región que más deuda reducirá en términos proporcionales, con un 33 % de su deuda condonada. Solo es superada por Canarias, Andalucía y el Principado de Asturias. Y la sexta en términos absolutos. Se trata de una comunidad autónoma que será muy beneficiada por este proceso.
Sin embargo, esta medida, aunque bienvenida, es insuficiente por sí sola. La condonación es una solución parcial e incompleta. Su efectividad a largo plazo está intrínsecamente ligada a la reforma del modelo de financiación autonómica, pendiente desde el 2014 y obsoleto desde el 2009. El sistema actual provoca déficits estructurales en buena parte de las comunidades, impidiéndoles financiar adecuadamente sus servicios públicos esenciales.
Es imperativo que este primer paso sea el catalizador para abordar la reforma integral. La condonación de deuda no va a generar un equilibrio real sin un cambio en la estructura de financiación. Existen comunidades que, bajo los criterios vigentes, están clara y persistentemente infrafinanciadas. La propuesta de la AIReF de condicionar la condonación para evitar el sobreendeudamiento futuro es un elemento a estudiar, pero la prioridad debe ser un nuevo modelo que asegure la suficiencia y equidad.
La vicepresidenta Montero tiene ante sí la oportunidad de avanzar en esta negociación, utilizando las conclusiones de los informes de los expertos como base. La condonación puede allanar el terreno, mitigando algunas urgencias financieras inmediatas y demostrando la voluntad política de actuar sobre la deuda. Ahora es el momento de la responsabilidad y el consenso político. La crispación no puede seguir bloqueando una reforma nuclear para el bienestar de los ciudadanos.
Este ajuste interno, sin efectos negativos en los compromisos con la Unión Europea, debe traducirse en un beneficio tangible para las comunidades y sus habitantes. Reducir la deuda y los intereses facilita la gestión y el cumplimiento de los objetivos de déficit. Pero solo un nuevo modelo de financiación garantizará que este alivio no sea temporal y que las comunidades infrafinanciadas dispongan de los recursos necesarios para ofrecer servicios públicos de calidad, sentando las bases de una autonomía financiera real y sostenible.
Carlos Cruzado es presidente de Gestha, sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda.