Corría el 2018 cuando Pedro Sánchez, entonces líder de la oposición, pronunció una frase que parecía destinada a convertirse en principio universal: «Un gobierno sin Presupuestos es un gobierno que no gobierna nada». Siete años después, aquella sentencia resuena con ironía. Porque el Ejecutivo no aprobó las cuentas del 2024, tampoco las del 2025, y España sigue funcionando con unos Presupuestos prorrogados desde el 2023. Solo ahora, a última hora, se anuncia la intención de presentar un nuevo proyecto. Mal, tarde y arrastro, como quien llega a una cita tras haberla despreciado durante meses.
Durante meses, varios ministros han repetido aquello de que se puede gobernar sin Presupuestos porque seguimos creciendo. Una justificación que convertía la buena marcha de la economía en excusa para no hacer lo que la Constitución obliga a hacer. El giro actual revela hasta qué punto ese argumento era frágil. La realidad se impone: ningún gobierno puede permitirse indefinidamente prescindir de la principal herramienta de política económica.
Porque eso son los Presupuestos: mucho más que un trámite contable. Son la plasmación de un proyecto de país, la manera en que se asignan los recursos públicos, se financian los servicios esenciales y se deciden las inversiones estratégicas. Gobernar con cuentas prorrogadas equivale a congelar las decisiones y administrar inercias. Significa renunciar a fijar un rumbo propio y limitarse a gestionar lo heredado.
La Constitución lo deja claro en su artículo 134: el proyecto de Presupuestos debe presentarse antes del 1 de octubre. El incumplimiento reiterado de este mandato ha convertido una obligación en una herramienta de regateo parlamentario. Un recordatorio más de cómo la degradación institucional se produce, casi siempre, por acumulación de excepciones que acaban pareciendo normales.
El calendario es implacable. Primero, la aprobación del techo de gasto en verano. Luego, la elaboración del proyecto, que debe registrarse en el Congreso antes de octubre. Después, semanas de debate en comisión, votaciones y enmiendas. Todo ello exige tiempo, disciplina y voluntad política. A estas alturas del 2025, el proceso va con retraso evidente, y, aun si se presenta un proyecto, será con el reloj en contra y las negociaciones convertidas en una carrera de obstáculos.
Cabe preguntarse qué sentido tiene llegar hasta aquí para improvisar unos Presupuestos de última hora. ¿Responde al deseo de marcar agenda política? ¿A la necesidad de recomponer alianzas parlamentarias? ¿O, simplemente, a la evidencia de que la retórica de la inercia económica se había agotado? Quizá nunca lo sepamos del todo. Lo que sí está claro es que Sánchez tenía razón en el 2018: sin Presupuestos no se gobierna nada. Y con unos Presupuestos presentados a destiempo y con escasa convicción, lo que se gobierna es muy poco.