España presume de transición energética, de liderar el despliegue renovable en Europa y de estar a la vanguardia en electrificación. Pero bajo esa retórica hay un dato incómodo: nuestra red eléctrica está al límite. Más del 80 por ciento de los puntos de conexión están saturados. No hablamos de una anécdota técnica, sino de un cuello de botella que amenaza la competitividad y el crecimiento económico del país.
La paradoja es evidente. Tenemos sol, viento, empresas dispuestas a invertir y fondos europeos disponibles. Y, sin embargo, nos encontramos con que proyectos industriales, centros de datos, fábricas o parques renovables no pueden conectarse porque simplemente no hay espacio en la red. Solo en 2024 se rechazaron más de 33.000 megavatios de potencia, el equivalente a unos 60.000 millones de inversión bloqueada.
Mientras tanto, parte de la energía renovable producida se desperdicia porque no hay infraestructura suficiente para integrarla. Las causas son conocidas. Durante años se ha invertido por debajo de lo necesario en la red de distribución y transporte. Las normas retributivas de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia han desincentivado la ampliación de capacidad, al fijar rentabilidades demasiado bajas en comparación con el coste de capital. Y la burocracia ha hecho el resto: permisos que tardan años, falta de coordinación entre administraciones y una planificación que siempre llega tarde.
Todo ello ha generado un desfase estructural: la economía del siglo XXI apoyada sobre infraestructuras del siglo XX.
El problema va más allá de la energía. Afecta a la política industrial, a la vivienda, a la movilidad eléctrica o a la digitalización. ¿De qué sirve hablar de atraer fábricas de semiconductores o de instalar gigafactorías si luego no pueden conectarse? ¿Qué sentido tiene promover la electrificación del transporte si las ciudades no pueden desplegar puntos de carga?
Otros países europeos lo han entendido. Alemania, Francia o Italia están acelerando las inversiones en red, conscientes de que sin cableado no hay transición energética que valga. En España, en cambio, seguimos atrapados en la contradicción entre la grandilocuencia de los objetivos climáticos y la modestia de la infraestructura real. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima promete más de 50.000 millones en redes hasta el 2030. Pero a estas alturas apenas se ha ejecutado una quinta parte.
El riesgo no es solo incumplir con Bruselas. Es perder inversiones estratégicas que se marcharán a otros destinos más preparados. Es hipotecar la competitividad de una generación entera de empresas. Es enviar un mensaje de improvisación y falta de seriedad a quienes podrían apostar por España.
La transición energética no puede ser un escaparate de anuncios y titulares. Necesita redes que funcionen, marcos regulatorios estables e inversiones reales. De lo contrario, acabaremos con un país que presume de verde en los discursos, pero que se queda a oscuras en la práctica. Y no hay mayor símbolo de declive que ese: haber tenido la oportunidad de liderar y perderla por falta de previsión.