El conflicto entre Israel y los palestinos de Gaza o Cisjordania, herederos de aquellos 700.000 expulsados de sus tierras al aprobarse en 1948 la partición de Palestina por Naciones Unidas, no tendrá fácil solución. Desde entonces, la guerra árabe-israelí, o la de los Seis Días, e incluso los Acuerdos de Oslo, o el atentado terrorista de Hamás del 2023, evidencian la intensidad del conflicto, por más que se quiera ignorar la política expansionista de Israel, al amparo del socorrido «derecho a defenderse», de una potencia nuclear.
Es este «derecho a defenderse», que se esgrime para que arda Gaza, con el que se justifica el éxodo de más de dos millones de palestinos sin tierra. además de la invasión y la guerra desmedida sobre Gaza, donde, para combatir a Hamás, hay más de 64.000 muertos civiles —el 75 % mujeres y niños—, destruyendo sus casas, escuelas y hospitales y sometiéndolos al hambre, embargada por la fuerza la ayuda humanitaria.
Se comprende que la memoria no alcance a estos 77 años. obviando que España no reconoció el Estado de Israel hasta 1986, en vísperas de la integración en la UE. Pero sorprende que se olvide la guerra de Irak y las protestas españolas contra Aznar y Bush.
Uno está acostumbrado a que lo que sucede en África, se queda en África. Pero ahora parece que la insensibilidad del Partido Popular o de Vox pretende que lo que sucede en Gaza se quede en Palestina. Y así encontramos a dirigentes populares como Díaz Ayuso, el alcalde Almeida o Núñez Feijoo enredados en negar que lo que allí sucede es genocidio, y a otros dirigentes populares esquivando la palabra. Algo bien definido por las Naciones Unidas en 1948, al tiempo que se aprobaba la creación de aquel sueño de los dos Estados (Israel y Palestina).
Todo ello por mantener la crispación, acusando a Pedro Sánchez de promotor de la violencia. «Le da igual la vida de los policías y corredores», dijo Feijoo, mientras Ayuso situaba Madrid en el Sarajevo de los diez mil muertos, y Tellado en la kale borroka etarra, antesala de tantos asesinatos. Lo de la Unión Ciclista es interés de parte, sumándose a las acusaciones del Gobierno israelí contra el Gobierno de España. Observan la España que paraliza la Vuelta, pero no el hambre, los bombardeos, los muertos y la invasión terrestre de Gaza, confirmada por Netanyahu mientras acudía ante un tribunal, investigado por corrupción. Para sostener todos ellos que los sucesos del boicot —de la mano de Pedro Sánchez— contra la Vuelta ciclista son violencia extrema. Consideración que no sorprende cuando se recuerda la aprobación por el Gobierno de Rajoy y de Fernández Díaz —era su tropa— de la ley mordaza, aún en vigor.
Habló el rey, desde Egipto, sobre Gaza: una crisis humanitaria insoportable, un sufrimiento indecible y la total devastación de la Franja. Por eso hubo manifestaciones, por eso el apoyo del Gobierno español a Palestina, por eso la UE suspende su acuerdo comercial y la ONU denuncia el genocidio, 77 años después.