Discriminados tras 40 años trabajando
La asociación Asjubi40, que reivindica la eliminación de los coeficientes reductores que penalizan la pensión de las personas jubiladas antes de la edad ordinaria, a pesar de haber cotizado por más de 40 años, ha comparecido en el Parlamento Europeo. Las imágenes de ese acto representan el orgullo pero también la vergüenza.
El orgullo de unas personas que luchan por su dignidad y contra unas leyes injustas y discriminatorias. El orgullo de unas personas que empezaron a trabajar con 14 o 15 años en puestos a los que se les dedicaban 40, 45 y hasta 48 horas semanales. El orgullo de quienes, con más de 65 años, se ven ahora obligados a defender en Bruselas lo que en España se les ha negado.
Pero esas imágenes representan también la vergüenza de muchos partidos políticos que, a pesar de haber aprobado proposiciones en 16 parlamentos autonómicos con nuestra reivindicación, a la hora de la verdad nos han abandonado. Lo mismo puede decirse de los sindicatos mayoritarios. Actualmente hay una propuesta de ley, ya aprobada por la mesa del Congreso, pero que está siendo bloqueada desde hace más de un año por parte del Gobierno impidiendo su debate democrático en el Congreso. Mentiras y traiciones. La discriminación que sufre este colectivo es triple. Frente a las clases pasivas del Estado y los regímenes especiales como toreros, artistas, ferroviarios, etcétera, que pueden jubilarse con 59/60 años y 35 de servicio con pensión completa. También discriminación frente al régimen general de Seguridad Social. Lo justo sería crear un nuevo régimen especial para personas con más de 40 años cotizados. Así de fácil. La legislación española, además, contraviene el principio fundamental de contributividad, por el cual debe haber una relación equilibrada entre esfuerzo (años cotizados) y prestación (pensión). Otros países de la UE sí establecen jubilación anticipada sin penalización según los años cotizados.
A la excusa de políticos y tertulianos que se limitan a decir «esto es lo que establece la ley» hay que recordarles que las leyes injustas deben modificarse. Lo contrario es prevaricación. Luis Ortiga Giménez
El presidente, su esposa y su hermano
Según el artículo 124 de la Constitución, la Fiscalía General del Estado debe promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social.
En los casos de David Sánchez y de Begoña Gómez, la Fiscalía, a partir de las denuncias interpuestas «no ve motivos para actuar», asumiendo de facto el papel de defensa de los encausados, por inacción, en línea con los abogados escogidos por los dos citados. Está meridianamente clara la lectura que la Fiscalía hace de «la satisfacción del interés social». En base a las pruebas presentadas que presumen comportamientos cuestionables, dos audiencias provinciales van a sentar en el banquillo a los dos familiares más próximos al presidente del Gobierno, que ni en este vergonzante caso, por duplicado, ve motivo alguno para dimitir. Será que «los derechos de los ciudadanos» se circunscriben únicamente a las personas de su entorno más íntimo. Aunque yo soy un analfabeto en cuestiones legales, algo me dice que no es así. José Manuel Rodríguez Mosquera. Sada
Desequilibrios de Trump
El presidente de EE.UU. se ha quejado del desequilibrio que sufrió él y su mujer al pararse una escalera mecánica en la ONU. Pero lo grave es que allí presumió de haber pacificado siete guerras, cuando en realidad ha agravado, y mucho, las peores, las que tienen como protagonistas a Rusia e Israel.
Un análisis político con datos demuestra que Trump cumple cada vez más con los diez temas que sirven para reconocer una dictadura en un país. Josefa Ortega. .