La transición energética en España se presenta a menudo como una historia de éxito. Con abundante sol y viento, nuestro país se sitúa en una posición privilegiada para liderar la producción de energía renovable en Europa. Sin embargo, esta narrativa encubre una paradoja: tener la energía no significa tener industria, y disponer de generación no garantiza que exista red suficiente para aprovecharla. El caso de Lugo es el ejemplo más evidente de cómo el futuro puede escaparse entre los dedos cuando la planificación energética responde más a equilibrios políticos que a necesidades reales.
Esta provincia no ha recibido nueva red eléctrica para el desarrollo industrial, lo que equivale a una condena silenciosa: sin conexión, no habrá inversiones industriales significativas. Mientras otras regiones, como el País Vasco, aseguran una parte desproporcionada de la ampliación de la red a pesar de su escaso potencial renovable, Lugo es marginada. Esto no es un error técnico, sino una decisión política. En política, las señales importan: Lugo no tendrá los instrumentos necesarios para atraer empleo ni frenar su despoblación.
El argumento para justificar este vacío es contundente pero falaz. Se vetó una fábrica de celulosa, considerada contaminante, bloqueando toda la red provincial. Sin embargo, las celulosas son esenciales en productos cotidianos como pañales y compresas, que ahora se importan, externalizando emisiones y renunciando a un tejido productivo que podría fijar población y generar riqueza. Es la estética verde sobre la economía real, condenando a Lugo al ostracismo industrial.
La ironía es dolorosa. Mientras se lucha contra el cambio climático, se cierran centrales nucleares como Almaraz y se aumenta la dependencia del gas importado, con más emisiones y precios altos. Al mismo tiempo, se grava la producción eléctrica con impuestos que afectan la competitividad industrial. El discurso oficial habla de sostenibilidad, pero la práctica encarece la energía, reduce márgenes de rentabilidad y frena proyectos que podrían aumentar el empleo.
Lugo, afectada por décadas de declive demográfico, se enfrenta a un ciclo destructivo: sin electricidad no hay inversión, sin inversión no hay empleo, y sin empleo no hay población que se quede. La despoblación se acelera, justo cuando la electrificación debería impulsar el desarrollo. Esto es crucial: la Galicia interior podría revitalizar su industria o convertirse en un simple paso para la electricidad.
La transición energética se juega en las redes. Son ellas las que determinan qué territorios prosperarán y cuáles quedarán rezagados. Hoy Lugo aparece como un punto ciego en ese mapa, víctima de una planificación que premia lealtades políticas y castiga proyectos incómodos. Y así, la provincia que un día exportó a sus hijos como emigrantes vuelve a enfrentarse al mismo destino: ver cómo su futuro se apaga en silencio. Lugo empieza y termina, de nuevo, en la paradoja de tener la energía cerca, pero no tener red para usarla.