La pyme, asfixiada por impuestos encubiertos
OPINIÓN
En España no son los precios los que suben por sí solos, son los impuestos y las imposiciones que recaen sobre quienes crean empleo y riqueza. Y aunque no siempre se llamen impuestos, muchas de estas obligaciones actúan como tales: absorben dinero, tiempo y recursos, y acaban trasladándose al precio final de bienes y servicios.
El problema es especialmente grave en las pymes y autónomos, que representan el 99,8 % de las empresas del país y generan seis de cada diez puestos de trabajo en el sector empresarial, según Funcas. Son negocios pequeños, con poca economía de escala, que deben afrontar la misma complejidad normativa que una gran compañía, pero con muchos menos medios.
Un ejemplo claro es el IBI. Un local comercial, una nave o un taller pagan este impuesto como si fueran una vivienda de uso privado. Pero no hablamos de un lujo, sino de un instrumento de trabajo. El resultado es que un pequeño comercio físico arranca cada año con un coste fijo que un competidor online no tiene. Y ahí surge la brecha: mientras una tienda local soporta IBI, tasas de basuras o licencias, un negocio digital que vende desde fuera entra sin esos costes. Si queremos igualdad de condiciones habría que replantearse la carga del IBI para actividades económicas.
A eso se suman las obligaciones regulatorias que se han multiplicado en los últimos años. Desde el 2019 es obligatorio el registro horario para todos los empleados; ahora se pretende digitalizarlo, lo que implica software, licencias y tiempo de gestión. Se argumenta que es para controlar las horas extra, pero el trabajador nunca estuvo indefenso: siempre pudo reclamar judicialmente y la Inspección de Trabajo ya tenía competencias. Lo que añade la norma no es más protección, sino más carga administrativa para el empresario.
Lo mismo ocurre con la facturación electrónica (Veri*Factu), que será obligatoria en el 2026. Hacienda ofrecerá una aplicación gratuita, pero será básica. La mayoría de pymes tendrán que pagar por software privado o servicios de adaptación. Es dinero y, sobre todo, horas dedicadas a papeleo que no generan ingresos.
La lista sigue: protección de datos (RGPD), que obliga a manuales, evaluaciones y consultoras externas; prevención de riesgos laborales, obligatoria incluso con un solo trabajador; ITV más frecuente para vehículos comerciales, que supone tasas y tiempo perdido; impuesto a los envases de plástico y adhesión a sistemas colectivos de gestión. Y detrás de todo esto está un gasto fijo del que nadie habla: la asesoría o gestoría externa, imprescindible para no naufragar en la maraña de trámites. Hoy en día, casi ningún autónomo o pyme puede sobrevivir sin ella, y ese coste mensual se convierte en otro impuesto encubierto.
El resultado es que cada mes una parte muy relevante de los gastos fijos de la pyme no va a producir, ni a vender, ni a innovar, sino a cumplir con exigencias que funcionan como impuestos invisibles. En un negocio pequeño, esos costes no se diluyen: pesan sobre cada producto, sobre cada servicio.
Mientras tanto, en países como Portugal o Estonia se facilitan trámites y se reducen cargas. Aquí seguimos acumulando normas sin retirar ninguna. Así, nuestras pymes quedan en desventaja: más caras, más frágiles y menos competitivas frente a plataformas digitales extranjeras que no soportan estos costes.
Conclusión. Si de verdad queremos que bajen los precios y que el tejido empresarial crezca, hay que liberar a la pyme de obligaciones innecesarias y revisar impuestos como el IBI aplicado a locales de negocio. Cada obligación nueva debería ir acompañada de la eliminación de otra. Porque lo que asfixia no es el mercado ni la competencia: son las cargas fijas y burocráticas que convierten cada mes en una carrera de obstáculos para quienes representan casi todo el tejido empresarial español.