Si este Codex se encamina a la vivienda es por su repercusión en la vida de muchos españoles, incluidos los afortunados boomers (1946-1964) —como si todos fuesen iguales— contrapuestos a los millennials (1981-1996). También por esa sequía persistente de vivienda pública, acentuada en Galicia en los últimos catorce años.
Aunque parezca reiterativo, la política de vivienda en España se define así: las competencias en vivienda son compartidas entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Las comunidades tienen competencias exclusivas en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, pudiendo aplicar e incluso adaptar la legislación estatal. El Estado establece el marco legal y puede impulsar políticas de vivienda, mientras que los ayuntamientos gestionan el suelo y las licencias en el ámbito local. Y de ahí los sucesivos planes estatales de vivienda. Ahora se discute el plan 2026-2030.
Y si se introduce este exordio es porque una estrategia de comunicación del Gobierno gallego se asienta en el escaqueo de sus capacidades y competencias. Competencias avaladas por sentencias recientes del Tribunal Constitucional. Es fácil imaginar cuánta sería la felicidad de algunos si tales responsabilidades y competencias —en ciertos casos— fueran como las de una gran diputación.
Que las políticas de vivienda son males viejos es cierto, como evidencia Javier Burón en sus análisis. Entrevistado en estas páginas y actor en las políticas de vivienda más singulares desarrolladas en España (el País Vasco, Navarra o la Barcelona metropolitana), lo que permite conocer que, si la vivienda es un mal de España, no lo es por igual en toda ella. Es autor también de El problema de la vivienda, un libro que permite o incita a una reflexión compleja sobre el problema principal de los españoles ahora, incluida la burbuja inmobiliaria y financiera y el rescate del 2011. Según Guindos, «un préstamo en buenas condiciones».
Mientras, aquí, en Galicia, se necesita a la Defensora del Pueblo para que la Xunta dé a conocer los datos de vivienda pública construida desde el 2009, desagregados por anualidades (las 2.400 esgrimidas en el Parlamento), o soportar un argumentario sobre «imposiciones» (sic) del Gobierno central para acordar el nuevo Plan Estatal de la Vivienda. Imposiciones que suponen que el Estado aporte el 60 % de la inversión y las autonomías el 40 %, con su contribución del 2026 aplazable, y la exigencia de garantizar la protección permanente de las viviendas públicas y la transparencia en sus datos, para dar información fiable y actualizada. Requisitos que, según la consellería, Galicia cumple, antes incluso de esa «imposición» por el Gobierno de España, por lo que la posición del Ejecutivo gallego ante el plan es mera solidaridad con otras comunidades contrarias a él o con la posición de su partido. A saber. Pero nada que ver con Galicia, o en ello insisten.