El Gobierno quiere subir otra vez las cuotas de los autónomos entre el 2026 y el 2028. Lo presenta como un paso hacia la «equiparación con los asalariados» y la «mejora de las prestaciones». En realidad, es una medida recaudatoria disfrazada de justicia contributiva. La idea de cotizar por ingresos reales es razonable; el problema está en el ritmo, el diseño y el momento.
Las cuotas no viven en el vacío. Suben con el SMI —porque arrastra las bases—, conviven con el MEI (mecanismo de equidad intergeneracional) y con una inflación regulatoria que encarece tiempo y cumplimiento. Para una microempresa, cada pequeño retoque es otra piedra en la mochila: alquiler, energía, TPV, seguros, licencias… y ahora cuotas. La suma de pequeños costes no es pequeña: es inviable. Y eso sin olvidar que «equipararse al asalariado» suena justo, pero autónomos y asalariados no asumen el mismo riesgo. El asalariado cobra a fin de mes; el autónomo factura cuando puede, cobra cuando le pagan y cotiza siempre. La igualdad bien entendida se llama equidad: tratar distinto lo que es distinto.
Dicen que la subida es «suave», pero para quien vive al céntimo nada es simbólico. En los tramos altos, el salto es brusco y acumulativo: se castiga a quien despega y se desincentiva crecer. Se promete mejor protección, pero el cese de actividad sigue siendo difícil de obtener. Si el Estado quiere legitimidad, que empiece por lo obvio: acceso rápido, homogéneo y garantista a la protección. Primero cumple, luego cobra. Y sí, el sistema se pactó en el 2022, pero el contexto ha cambiado: crédito que no llega, costes que no retroceden. Aplicar el plan sin mirar el ciclo es gobernar en piloto automático.
Un Gobierno que entendiese a las empresas escalaría con suavizadores: la progresividad no exige prisa. Incorporaría un tramo protector real por debajo del SMI, para ingresos inestables, artistas o nuevos autónomos, con bonificaciones ligadas a formación y formalización. Protección a cambio de cumplimiento. Aseguraría una protección que funcione antes de recaudar más, con un cese de actividad ágil y resolución en 30 días. Si el Estado cobra puntual, que pague puntual. La prioridad debería ser la productividad, no la recaudación. Subir cuotas no genera ingresos; los genera eliminar trabas, agilizar licencias, cobrar a tiempo y digitalizar sin burocracia. Y, sobre todo, hace falta evaluar y corregir: memoria de impacto obligatoria, revisión anual y datos abiertos. Si el plan rompe más sillas que las que arregla, se cambia.
Defender a los autónomos no es oponerse al Estado ni a las pensiones. Es evitar que el afán recaudatorio de corto plazo destroce la base fiscal del largo. Porque cuando cierran diez Milagros, cinco Juanes y tres Pepes se evaporan cotizaciones, IVA, IRPF, empleo y barrio. La política pública madura entiende ese multiplicador. Entre un sablazo y una prórroga eterna hay una vía adulta: gradualismo inteligente, protección creíble y obsesión por la productividad. Subir por subir no es política: es contabilidad desacoplada de la realidad.