Hemos conocido estos días la propuesta del Ministerio de Seguridad Social con las nuevas cotizaciones para los próximos tres años. Continúa adelante el Plan Escrivá, que dio un giro de 180 grados a las cotizaciones de todos los autónomos con la excusa de solucionar el déficit del sistema de pensiones. Resulta curioso que el Gobierno, y también la oposición (Pacto de Toledo), solo encuentran tres medidas para solucionarlo: el incremento de las cotizaciones (o sea, actuar sobre los ingresos) y el aumento de la edad de jubilación, y también del número de años a computar para el cálculo de la pensión. En ningún caso se plantean actuar sobre el gasto. Y lo que ocurre en realidad es que la pensión media va bajando, no de manera nominal, claro, pero sí de manera real.
El plan consiste en obligar a los autónomos a cotizar por los «ingresos reales» de su actividad y arrebatar al colectivo buena parte de su autonomía, al eliminar la libertad que cada autónomo tenía para elegir, dentro del marco de mínimos y máximos fijados por el Gobierno, la base que mejor le conviniera en cada momento.
Para este Ejecutivo, enemigo de la libertad, eso no puede ser. Dicho y hecho. Con el nuevo sistema, la iniciativa ya no es del autónomo, sino del Gobierno, que nos dice la cuota que sí o sí hemos de pagar, según nuestros ingresos del año anterior. El Gobierno tiene ahora la sartén por el mango y además la sartén también es suya, porque ya se encarga la Agencia Tributaria de que los ingresos «netos» por los que hemos de cotizar sean superiores a los «reales», mediante inspecciones continuas y dificultando, limitando, cuando no excluyendo, las deducciones por gastos que el autónomo tiene para ejercer su actividad. Así que es también el Gobierno quien, finalmente, determina nuestros ingresos reales.
Ahora la cosa tiene mal arreglo, porque el Gobierno no va a devolver la libertad perdida y, como mal menor, se plantea una prórroga de las cuotas del año 2025, pero antes o después sacará adelante la subida que pretende, con acuerdo o por decreto.
En los últimos años, los autónomos hemos visto cómo la cuota ha ido creciendo cada vez más, por aumento de las bases y tipos de cotización. A ello hay que añadir los mecanismos extraordinarios que, si bien se disfrazan de incremento de cotizaciones, en realidad son impuestos, ya que no tienen contrapartida en forma de mayor pensión; me refiero al mecanismo de equidad intergeneracional, que supone un coste adicional del 0,8 % y llegará al 1,2 %. En segundo lugar, la subida de las bases máximas de cotización, sin que ello suponga aumento de la pensión máxima y la cotización extra para los ingresos superiores a las bases máximas. Nada de todo esto tendrá reflejo alguno en la pensión del autónomo.
Así, llegamos a este planteamiento de la ministra para el período 2026-2029 y que supondrá otro sablazo al bolsillo de todos los autónomos.
Al Gobierno no le gustamos. Nos pone cada vez más palos en las ruedas. Y, como consecuencia inevitable, el peso del empleo autónomo en la economía va menguando, pese a que somos más numéricamente, pero con una enorme rotación y con mucha menos duración media de las actividades.
La cosa no pinta bien.