La historia que nos ocupa empieza objetando una ley. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se declara insumisa ante una norma que afirma que no cumplirá, ahora. Otra vez el aborto. Diez años después de la muerte de Franco se aprobó la primera ley. Desde que se reconoció ese derecho en 1985, el PP siempre se manifestó en su contra, acudiendo al Tribunal Constitucional. Y, dada su constitucionalidad, optó por aceptarlo, considerándolo causa superada en el debate social, como recordó Núñez Feijoo en su carta, lo que explica que con mayoría absoluta no haya realizado cambios sustantivos, por más que Federico Trillo, promocionando un libro, le haya achacado a Mariano Rajoy no haberlo hecho en el 2011 por «miedoso».
Da vergüenza insistir en que la ley no promueve el aborto, ni lo hace obligatorio, sino que garantiza que las mujeres podrán hacerlo «con la mejor atención médica y psicológica, conforme a la ley». Igual que no impone ese acto médico a los profesionales sanitarios, reconociendo su derecho a la «objeción de conciencia». Derecho que la norma protege con solo expresarlo, sin que pueda hacerse público, amparado por la Ley de Protección de Datos. Por eso resulta insufrible que uno de los infundios de Vox, el supuesto «síndrome postaborto», hubiera sido aceptado por el alcalde de Madrid, reconociendo luego su falsedad. Lo que dio paso a la actuación estelar de la presidenta Ayuso en el pleno de la comunidad —«¡Váyanse a otro lado a abortar!»—, por más que tal posición pueda no ser ideológica sino una amargura, dado que para sostenerla reivindica sus dos abortos espontáneos. Otro padecimiento de las mujeres, que alcanza hasta un 20 % de los embarazos, o un 60 % en las mayores de 38 años.
En este debate, la posición del PP ha tenido que definirla por carta Alberto Núñez Feijoo, reivindicando el cumplimiento de la legalidad; por más que luego, en una entrevista televisiva, propusiera cambiar la legislación haciendo una lista de médicos dispuestos a practicar abortos, cuando para la práctica médica es suficiente con estar colegiado. La objeción de conciencia es un derecho individual reconocido por las leyes españolas sobre el aborto y la eutanasia, no sobre la tecnología reproductiva. Y un derecho constitucional, aplazado seis años respecto al servicio militar mientras fue obligatorio. Sin listas negras, ¿o sí?, de tales objetores.
Una propuesta para aliviar su relación con Ayuso y los suyos, o para prevenir exigencias de Vox en una posible candidatura a presidir el Gobierno y a la vez limitar los daños en el electorado, sobre todo entre las mujeres. Mujeres necesitadas de saber por qué, según Newtral, en doce provincias españolas no se practicó ningún aborto en el 2024, o por qué casi el 80 % de los abortos se realizan en la sanidad privada, lo que no sucede en Galicia.