En los últimos días, en la «realista bendición matinal» de la lectura del periódico que decía Hegel —sabia costumbre—, asistimos a debates urgentes y acelerados. En este caso, sobre el «tasazo local» en relación con la recogida, gestión y tratamiento de los residuos que soportan nuestra forma de vida. No abunda el conversar, como si se dispusiera de todo el tiempo del mundo, en torno a la gestión de los residuos en nuestras sociedades, centrada, por desgracia, de forma casi exclusiva en quién paga el servicio; mucho menos en cómo se presta y la nueva jerarquía de residuos que viene de Bruselas y el énfasis en la sostenibilidad económica, pero también social y ambiental. El debate gira casi en exclusiva en torno a la subida del coste individual y el porcentaje de incremento respecto a una situación en la que la tasa de cobertura del servicio —lo que pagamos con nuestros recursos del coste real— a duras penas llegaba al 50 %.
Decía en estas mismas páginas un gigante tan añorado como el maestro Álvarez Corbacho que en democracia es esencial saber cómo se financian los servicios públicos: «El ciudadano interesado conoce qué servicios prometen los partidos políticos en cada proceso electoral (porque se cuida su difusión), pero ignora el reparto de los beneficios y de quién paga el servicio, porque de eso apenas se habla». Ignoramos, en muchas ocasiones, que por veinte céntimos al día es imposible pagar el coste de servicios públicos de recogida, gestión y tratamiento de residuos sólidos urbanos de una familia típica que genera, según los datos del INE, en torno a 2.000 kilos de residuos al año. Pensar que por menos de una suscripción a una plataforma de pago se gestiona la bolsa diaria que depositamos en nuestro contenedor, y que no se desintegra en el mismo, es olvidar que el coste o lo asume el que genera el residuo o se asume de forma colectiva por el resto de conciudadanos o por las generaciones futuras. O lo pagan los ciudadanos de hoy o lo pagan los ciudadanos del futuro, aunque el cálculo no será lineal, no apostar por la prevención, la reutilización y el reciclaje hoy —en ese orden— incrementará la carga futura de las próximas generaciones y su sostenibilidad.
Poca magia hay en la ecuación. El modelo ha cambiado, lleva años anunciando sus prioridades y las limitaciones de continuar creciendo a costa del abuso de los recursos naturales. Y se echa en falta pedagogía, más visitas a las plantas de tratamiento de residuos —e información sobre los impactos de los rechazos y las malas clasificaciones en origen—, donde acaba el viaje que comienza en nuestros domicilios y centros de producción.
Resulta imprescindible educar a la ciudadanía en torno a los costes de los servicios públicos y de su financiación, y responsabilizarnos con los impactos de las decisiones individuales, pero para esto es obligado educar a los responsables de la gestión pública en la importancia de aportar información de calidad, también de los costes y rendimientos de los servicios públicos. En estos días que tanto se habla de gobiernos abiertos, pocas referencias se leen en torno a la productividad del sector público y a la información «entendible» por la ciudadanía, también cuando hablamos de eficiencia y de modelos de prestación de servicios públicos. Decía el clásico que siempre ocurrirán más explosiones donde hay más intemperie; salgamos de esa intemperie y ofrezcamos a la ciudadanía información de calidad sobre la gestión pública, que permita la comparación. Movamos la ventana de Overton y generemos debate, y no combate, en la esfera pública.