La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que «el bloque de investidura ha dicho sí». Con estas palabras anunció el inicio de las negociaciones para la reforma del despido en España. Después de que en septiembre el Congreso aprobase una iniciativa de Sumar por un error del PP, Díaz informó que a partir de octubre se reuniría con patronal y sindicatos para avanzar hacia el despido restaurativo y disuasorio.
La propuesta aboga por modificar la indemnización por despido improcedente para eliminar determinadas distorsiones en las relaciones de trabajo que resultan perjudiciales para las pymes, la inmensa mayoría en el tejido productivo. Así, se tendrían en cuenta dentro del despido factores como la cifra de negocio de la empresa, su tamaño u otras circunstancias a la hora de determinar la cuantía de la indemnización.
La votación le valió para destacar, en todo caso, que el bloque de investidura dio su apoyo a la iniciativa. A pesar de la resistencia que el Ministerio de Economía ha mostrado a la reforma del despido, al considerar que España ya cumple con las exigencias europeas, el PSOE votó a favor para establecer una indemnización que funcione como mecanismo disuasorio. Trabajo inició el 20 de octubre las negociaciones con los agentes sociales.
Esta reforma, recogida en el programa del Gobierno PSOE-Sumar, responde a la interpretación que ha hecho de la normativa española el Comité Europeo de Derechos Sociales. Este organismo condenó a España por vulnerar la Carta Social Europea en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente (33 días por año trabajado), tras las denuncias de UGT y CC.OO. Los sindicatos, que criticaron el método improvisado y que el ministerio de Yolanda Díaz no presentase una propuesta concreta durante la reunión, reclamaron un proceso formal de negociación.