Cuando a un ciudadano de a pie se le investiga judicialmente no le queda otra que asumir que su vida se va a ver alterada durante meses o incluso años. Tras la instrucción de su causa, esta se archivará o se decretará la apertura del correspondiente juicio oral, en el que se le absolverá o condenará. Aunque salga absuelto, la denominada «pena de banquillo» no se la quita nadie. En caso que el investigado sea un político, la situación difiere. Lo primero es manifestar su indignación por la supuesta parcialidad del juez de turno. Después, los líderes de sus partidos comienzan a poner las dos manos y un pie en el fuego por la honorabilidad del procesado. A pesar de que muchos terminan con importantes quemaduras, su defensa numantina tarda en cesar. Cuando esto ocurre, y dejan a los pies de los caballos al antaño honesto colaborador, se excusan con una ligera petición de disculpas por habérseles pasado por alto semejantes irregularidades. ¿No sería más acertado dejar trabajar a la justicia y opinar sobre las resoluciones judiciales cuando estas hayan sido dictadas? Algunos políticos se creen intocables y les llevan los demonios cuando alguien, por muy juez que sea, osa cuestionar su proceder. Se olvidan del artículo 14 de la Constitución, que recoge que todos los españoles somos iguales ante la ley sin distinción que valga.