La fragmentación étnica, religiosa, sectaria e ideológica de Irak, el Líbano y Siria, resultado de la configuración geoestratégica regional establecida tras el fin de la Primera Guerra Mundial, en función de los intereses de las potencias vencedoras, siempre ha supuesto un gran obstáculo para la gobernabilidad de estos tres Estados. En el caso iraquí, tras la revolución de julio de 1958, que acabó con la importada monarquía hachemí y el control colonial británico, los sucesivos gobiernos republicanos se esforzaron por crear las infraestructuras y proveer los servicios públicos imprescindibles para la cohesión social: desde la educación, pasando por la sanidad, hasta la seguridad. La guerra de Irán e Irak, que arruinó a ambos países, fue mermando la capacidad del Estado hasta que este colapsó tras el Guerra del Golfo de 1991 y el posterior embargo internacional. A partir de ese momento, los iraquíes tuvieron que recurrir a los referentes étnicos, religiosos y tribales más afines para que les proveyeran sus necesidades básicas, lo que supuso la creación de un minifundismo político reflejado en los diversos procesos electorales que han tenido lugar en la era post Sadam tras la invasión de la coalición internacional del 2003.
Desde el 2005 se han llevado a cabo seis elecciones parlamentarias estatales en Irak. Las celebradas el pasado 11 de noviembre, en las cuales participó algo más del 55 % del electorado, pese al boicot del chií Moqtadar al Sadr, ha refrendado la grave fragmentación social.
Estas elecciones han confirmado la división étnico?religiosa?geográfica, de tal suerte que en las provincias kurdas han obtenido la mayoría los partidos kurdos; en las áreas suníes, los árabes suníes, y en las chiíes, las árabes chiíes. Aunque el primer ministro Al Sudani ha dado estabilidad al país y se ha producido un bum en el ámbito de la construcción y mejora de algunas infraestructuras viales, la ausencia de mayorías reflejan el profundo descontento de los ciudadanos con la perpetuación de la corrupción, por la cual los diversos partidos políticos se reparten entre ellos los ingresos por el petróleo sin que beneficien a la población. Unos ingresos que, bien administrados, permitirían proveer agua y electricidad corriente 24 horas al día e incentivar la economía y, con ella, el empleo.
El nuevo Gobierno iraquí tendrá que ser el resultado de una dura negociación, lo cual debilitará su capacidad de maniobra, si bien en esta ocasión será un poco más cómoda, ya que la perniciosa influencia iraní se ha visto gravemente mermada tras los ataques israelíes. Estabilidad y progreso es lo que los ciudadanos iraquíes anhelan. Veremos si Sudani puede ofrecérselos.