El Gobierno ha puesto en marcha un proceso de regularización que afectará a buena parte de los aproximadamente 840.000 inmigrantes en situación irregular que residen en España. Conviene analizar con cierta frialdad qué supone esta medida, más allá de la retórica partidista.
Para quienes obtengan el permiso de residencia, el cambio es sustancial. La regularización implica acceso legal al mercado laboral, lo que significa salir de la economía sumergida y poder firmar contratos con todas las garantías. También supone integrarse plenamente en el sistema administrativo: empadronamiento estable, atención sanitaria completa, escolarización de los hijos sin obstáculos, posibilidad de alquilar una vivienda o abrir una cuenta bancaria. A esto se añade la cotización a la Seguridad Social, con los derechos que ello genera. Además, obtener los papeles dificulta enormemente una eventual expulsión, permite el arraigo familiar y abre la puerta a la movilidad dentro de España y la Unión Europea.
Ahora bien, conviene aclarar algunos malentendidos. La regularización no concede la nacionalidad ni el derecho de voto en elecciones autonómicas o generales, aunque sí empieza a computar el tiempo de residencia legal necesario para solicitarla en el futuro. Tampoco garantiza acceso inmediato a prestaciones no contributivas, muchas de las cuales exigen cotización previa o años de residencia legal. Ni mejora automáticamente los ingresos de los beneficiarios, que en su mayoría seguirán empleados en sectores de baja productividad. Y desde luego no equivale a integración: eso requiere mucho más que un trámite administrativo.
Entre los aspectos positivos cabe destacar la reducción de la economía sumergida. Menos trabajo en negro se traduce en más cotizaciones y mayor recaudación fiscal, además de reducir la competencia desleal que sufren autónomos y empresas que sí cumplen la normativa. A corto plazo, los nuevos cotizantes alivian parcialmente la presión sobre el sistema de pensiones.
Sin embargo, los inconvenientes no son menores. La regularización incrementará la presión sobre servicios públicos ya tensionados —sanidad, educación, vivienda social, oficinas de extranjería— sin que exista un retorno fiscal inmediato que lo compense. El gasto adicional recaerá sobre comunidades autónomas y ayuntamientos, sin financiación garantizada.
En el mercado laboral, una mayor oferta de trabajadores poco cualificados puede dificultar las subidas salariales en esos segmentos y debilitar el poder de negociación de quienes ya estaban empleados. También es razonable el temor al efecto llamada: una regularización masiva envía el mensaje de que entrar irregularmente acaba siendo recompensado, lo que puede reproducir el problema en pocos años si no se acompaña de controles más estrictos. En el mercado de la vivienda, más demanda de alquiler en zonas ya saturadas agravará las dificultades de acceso.
En definitiva, la medida tiene efectos reales para los beneficiarios y consecuencias complejas para el conjunto de la sociedad que merecen un debate sosegado.