La transformación del ICE
OPINIÓN
En Estados Unidos, el control migratorio se ha situado en el centro del debate político. Pero no lo está, o al menos no lo está únicamente, como una cuestión de gestión de flujos, integración y derechos o eficacia administrativa, sino como un asunto de confrontación partidista. El protagonismo creciente del Immigration and Customs Enforcement (ICE) resulta especialmente preocupante por la normalización de sus redadas urbanas, su despliegue mediático y su utilización como símbolo de autoridad estatal frente a un «enemigo» político. Esto obliga a plantear una pregunta fundamental: ¿cómo debe actuar una agencia estatal encargada del control migratorio en una democracia liberal?
El ICE es una agencia del Estado federal, creada en el 2003 con un mandato claro: aplicar la legislación migratoria vigente. No es, ni debería ser, un actor político ni un instrumento al servicio de un actor político. Sin embargo, los elementos mencionados —las redadas urbanas altamente visibles, los anuncios previos, la difusión mediática de las operaciones—, han transformado intervenciones administrativas en actos de comunicación política.
Estas redadas en barrios, centros de trabajo o espacios cotidianos no son solo actuaciones operativas. Su diseño, su comunicación y su difusión pública cumplen también una función simbólica. La visibilidad del despliegue, la anticipación mediática o la retórica de «mano dura», con la muerte de dos personas recientemente, convierten intervenciones técnicas en mensajes políticos dirigidos tanto al electorado como a las comunidades migrantes. En ese contexto, el control migratorio deja de orientarse principalmente a la legalidad o a la eficacia y pasa a transmitir los mensajes de dureza, autoridad y castigo. Al mismo tiempo, comienza a percibirse como un discurso político en una estrategia partidista. En este punto, la frontera entre Estado y Gobierno se difumina, y con ella se resiente la legitimidad institucional.
Esta deriva tiene efectos corrosivos. En primer lugar, desnaturaliza la función administrativa, sometiéndola a lógicas de rentabilidad política. En segundo lugar, erosiona la legitimidad institucional: una agencia percibida como partidista pierde autoridad, incluso entre quienes apoyan políticas migratorias muy restrictivas. En tercer lugar, rompe la distinción fundamental entre Gobierno y Estado, imprescindible en cualquier democracia liberal. Cuando las fuerzas de control se alinean con un proyecto político concreto, el Estado deja de ser árbitro y se convierte en actor de la contienda.
Además, la conversión en espectáculo del control migratorio genera efectos sociales bien conocidos: desconfianza de las comunidades migrantes hacia las instituciones, retraimiento del acceso a servicios básicos y debilitamiento de la cooperación con autoridades locales. Todo ello, sin evidencia clara de que estas prácticas reduzcan de forma sostenida la migración irregular.
El caso del ICE no es una anomalía aislada, sino un síntoma de una tendencia más amplia, la utilización del control migratorio como recurso político de alto impacto simbólico. Una tendencia que también se observa en Europa y que plantea un dilema central para las democracias contemporáneas.
La cuestión no es, por tanto, si debe existir una agencia como el ICE. La cuestión es cómo debe actuar: como instrumento técnico del Estado, sometido a controles, proporcionalidad en su actuación y rendición de cuentas; o como herramienta partidista, orientada a la escenificación del poder. En esta elección se juega algo más que la política migratoria. Se juega la credibilidad misma del Estado de derecho.