La Ley 30/1981, de 7 de julio, reformadora del Código Civil y conocida popularmente como la ley del divorcio es, en contra de lo que muchos piensan, una norma promulgada en tiempos de la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez y no del Partido Socialista.
El legislador, temeroso de que los españoles al poder hacerlo se divorciaran en masa, puso una serie de causas tasadas para divorciarse y, era preceptivo hacerlo previamente, separarse. Si no incurrías en alguna de ellas, véase abandono injustificado del hogar, infidelidad, condena a pena de privación de libertad superior a seis años, alcoholismo, toxicomanía, perturbación mental y otras muchas a cada cual más absurda, no había separación o divorcio que valiese hasta que la Ley 15/2005, de 8 de julio, conocida como ley del divorcio exprés, acepta como causa la desaparición del affectio maritalis (afecto marital), es decir, que la voluntad de uno o de los dos cónyuges fuese motivo suficiente. En ese momento se llegó a la conclusión, aunque tarde, de que no se podía obligar a nadie a seguir casado sí ese no era su deseo.
Hoy en día el divorcio es considerado un remedio al que acuden aquellos que fracasaron en su relación de pareja.
En 1981 era un calvario —por las explicaciones que tenías que dar en un tema tan personal— que duraba lustros hasta que obtenías la sentencia firme de divorcio.