Pero, ¿no habíamos quedado en que no se debía nunca legislar en caliente? El «calenturón» nubla la razón y hace que, con gran probabilidad, el remedio sea peor que la enfermedad, al menos para el resto de las personas o colectivos que puedan encontrarse en una situación similar en el futuro.
Prescindiendo de las bolivarianas ideas del «exprópiese» (tampoco parece que ni en Venezuela ni en Cuba, ni en ningún otro lugar del mundo haya dado buenos resultados), el doloroso desahucio de Maricarmen nos debe interpelar a todos, pero muy especialmente a las administraciones públicas responsables del mismo. Parece que desde el Ayuntamiento y desde la Comunidad de Madrid se le llegó a ofrece una «alternativa habitacional», que Maricarmen rechazó (ella sabrá sus razones).
Pero en España desgraciadamente hay miles, decenas de miles de desahucios/lanzamientos todos los años, por múltiples causas: por ejecución hipotecaria (muchas menos que cuando estalló la burbuja), por impago de alquileres, por expiración del plazo del mismo, por destinarse la vivienda a usos no permitidos...
Todos ellos deben regularse, y, por tanto, acotarse las razones por las que el propietario puede recuperar la vivienda de su propiedad (que, como indica la palabra, han de ser motivos razonados y explicitados en una norma con rango de ley).
Una regulación desacertada, como la que nos ha llevado hasta aquí, en materia arrendaticia así como en todo lo relativo a la promoción y construcción de viviendas, hace cada vez más difícil el acceso a un piso, la emancipación de los jóvenes, la movilidad laboral, incluso la libre elección de la carrera o los estudios a cursar. No se puede, por proteger las situaciones que pueden ser dramáticas de los actuales inquilinos, dificultar extraordinariamente los nuevos contratos de alquiler. Mejor no se debe hacer, si lo que queremos es, de verdad, resolver «el problema» y no generar otro mucho mayor a toda la sociedad (jóvenes y no tan jóvenes, como el caso triste que nos ocupa).
Hay problemas que son más propios de los servicios sociales, como el caso de Maricarmen. Pero no se evitan los desahucios metiéndoles el miedo a los propietarios que se arriesgan (y cada vez más) a meter a alguien en una casa de su propiedad sin saber si van a cobrar la renta, si esta va a acompasarse a las subidas del IPC o de la vida en general, si algún día va a poder disponer de la vivienda que heredó/compró con sus ahorros; y, en definitiva, si en caso de impago por parte de su inquilino podrá recuperar la vivienda (y a ver en qué estado la va a recibir).
Mientras no se cambie la normativa de arrendamientos y, especialmente, la procesal, o lo que es lo mismo, mientras no se deroguen los cambios que introdujo en esas dos materias la ley por el derecho a la vivienda, y que no ha servido para nada más que para aumentar los miedos de los propietarios, no se conseguirá normalizar el mercado del alquiler. Y, evidentemente, las empresas no quieren ni oír hablar de invertir en la promoción de nueva vivienda en alquiler (y menos si es vivienda «asequible», «social», «protegida») donde el temor a un impago es mucho mayor.
Y es una pena, porque demanda hay, pero hay que comprender a los pequeños propietarios (que en Galicia son el 95 % del mercado de alquiler) que no quieran tener un nuevo «caso Maricarmen». Y a las empresas les pasa lo mismo.