Los usuarios de la Administración de Justicia están desesperados. Cuando se les informa que están señalando juicios para el 2028 habiendo sido presentada su demanda en el 2024 no dan crédito. Ellos pagan sus impuestos puntualmente, pobre de aquel que no lo haga, y no ven de recibo que el Estado no atienda con diligencia sus pretensiones. En muchos más casos de los que se pueden imaginar, cuando los juzgados dictaminan no llegan a tiempo para resolver lo que en su día fue un problema entre las partes. Y, mientras, el Gobierno buscando soluciones que no hacen otra cosa que complicar más la situación. Sacan a escena la Ley Orgánica 1/2025, del 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, una de las mayores reformas organizativa de la Justicia española en 40 años, la cual, desde su entrada en vigor, nos ha vuelto locos por su escasa claridad y tendencia a complicar los trámites procesales a todos los profesionales que nos ganamos la vida en esta materia.
Desaparecen los juzgados y se crean los tribunales de instancia, ya no hay un letrado de la Administración de Justicia por juzgado lo que complica seriamente la tramitación de los procedimientos dada la importancia de estos funcionarios, los dichosos MASC obligatorios y un largo etcétera de medidas a cada cual más kafkiana. Para este viaje no hacía falta tales alforjas.