El Gobierno actual confirmó la política del PP para dedicarlo a instalaciones del Estado El inmueble seguirá teniendo un destino público, al ser ocupado por el Catastro
11 abr 2005 . Actualizado a las 07:00 h.En el libro de actas del Congreso de los Diputados, del Concello de Ourense y de la Diputación Provincial quedaron reflejadas distintas intervenciones e iniciativas políticas relacionadas con el futuro del edificio del Banco de España, entre los años 2002 y 2004, cuando el anunciado cierre de la sucursal del banco dejaba abierto el campo a todo tipo de especulaciones acerca del fututo de este emblemático inmueble. Con un gobierno central del PP, eran socialistas y nacionalistas los que más empeño ponían en la reclamación, pero, al final, ajenos a todos, sólo la Cámara de Comercio formuló una petición expresa del edificio, en el mes de noviembre del 2004. La respuesta, recibida en el mes de diciembre, dejaba claro que el edificio ya había sido adquirido para su destino a servicios del Ministerio de Economía y Hacienda, como efectivamente ha confirmado este mes de abril, con la simbólica instalación del cartel correspondiente a las obras. La dedicación del edificio estaba, de todos modos, medianamente clara desde el mes de junio del 2003, cuando el Gobierno (entonces del PP) contestó al socialista Alberto Fidalgo su pregunta sobre la enajenación del edificio del Banco de España en Ourense. Sector público La Dirección General de Patrimonio, decía el Gobierno, «ha considerado oportuno que permanezcan en la espera del sector público estatal la totalidad de las sucursales del Banco de España, cuyo cierre escalonado de operaciones está previsto el 31 de diciembre de los años 2002, 2003 y 2004». La entrega formal de los edificios se haría, de acuerdo con aquella explicación del Gobierno, en el plazo de seis meses siguientes a la fecha del cierre, por lo que la previsión para Ourense era de entrega antes de que concluyese junio del año 2004. El análisis de la situación y la evaluación de costes de las posibles remodelaciones la atribuía el Gobierno a la Dirección General de Patrimonio, si bien, como recoge el texto, la intención gubernamental era la utilización del edificio «preferentemente por los servicios territoriales de la Administración General del Estado». Ajena al movimiento político, aunque el Gobierno ya había cambiado de signo desde la respuesta parlamentaria al socialista Alberto Fidalgo en el año 2003, la Cámara de Comercio volvió a la carga en noviembre del 2004. Un escrito dirigido a la directora general de Patrimonio del Estado, Mercedes Díez, planteaba la posibilidad de que el edificio, en aquel momento «cerrado y sin un destino futuro conocido», fuese cedido a la Cámara. Pero no. Patrimonio lo había entregado a la empresa Segipsa, de capital público, que se encargará ahora del proyecto y de la ejecución de las obras, con una inversión de cuatro millones de euros y un plazo de un año y cuatro meses.