El Ministerio Fiscal solicita una pena de diez meses de prisión En el incidente ardieron 23 robles y casi una hectárea de monte raso y arbolado
03 nov 2005 . Actualizado a las 06:00 h.?iguel Ángel V. G. había solicitado a la entonces Consellería de Medioambiente la autorización pertinente para realizar la quema de maleza entre los días 16 y 18 de febrero del año 2005. Tras obtener el permiso, el hombre se dispuso, el pasado 28 de febrero, a realizar la quema de maleza aunque todo apunta a que no tomó las medidas de precaución necesarias y lo que comenzó como una quema controlada terminó convirtiéndose en un incendio en el que quedó asolada casi una hectárea de monte. Esa es, al menos, la tesis que sostiene el Ministerio Fiscal, que ayer sentó en el banquillo de los acusados al autor de la quema. Asegura el acusador público que el imputado no tuvo en cuenta las advertencias y precauciones que figuraban en la parte trasera de la autorización y entre las que figuraba la de no iniciar el fuego en días de viento y la de no abandonar la vigilancia de la zona hasta que el fuego estuviera totalmente apagado y hubieran transcurrido dos horas sin llamas. La acusación asegura que aquel día había un viento fuerte, de unos 30 kilómetros por hora, y que el acusado abandono el lugar de la quema a las dos de la tarde, sin cerciorarse de la extinción. Cumpliera o no esos requisitos, aquel 16 de enero se registró un incendio forestal que comenzó en el punto en el que se estaba realizando la quema, hacia las cinco de la tarde. El fuego afectó a 0,13 hectáreas de pino, 23 ejemplares de roble y 0,8 hectáreas de monte raso. En las labores de extinción, que se prolongaron durante varias horas, participaron dos agentes forestales, tres cuadrillas y dos vehículos motobomba, así como un helicóptero del servicio de extinción. Precauciones Los hechos, que han sido calificados como un delito de incendio por imprudencia grave, fueron recordados ayer en la sala de vistas del juzgado de lo Penal número uno de la capital. A preguntas de la fiscal y de su propia defensa, el imputado aseguró haber tomado todas las precauciones necesarias para evitar que el fuego de la quema se extendiera, siguiendo las indicaciones precisas para ello. Queda ahora en manos de la magistrada la decisión sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, que se enfrenta a una petición de condena de diez meses de prisión. En caso de ser condenado Miguel Ángel V. G. tendrá además que afrontar el pago de una multa de doce meses, con una cuota diaria de doce euros y deberá hacer frente a una responsabilidad civil. La cantidad serán 3.091 euros, el dinero que costaron las labores de extinción del fuego, ocurrido en el lugar de Hospital, en Entrimo.